diez años después del inicio de la crisis, Navarra ha recuperado el equilibrio entre los ingresos y los gastos, ha dejado de emitir deuda pública y ha logrado mejorar la financiación de su endeudamiento gracias a la rebaja de los tipos de interés. Lo que unido a la mejora de la economía y al incremento de la recaudación dejan un escenario proclive a la inversión pública tras años de recortes. Una realidad que sin embargo que choca con la regla de gasto. El muro de contención presupuestaria construido por la mayoría absoluta del PP que el PSOE de momento no ha querido derribar, y que impide a las administraciones públicas gastar los ingresos adicionales. La prioridad sigue siendo el pago de la deuda.
Todo nace en el verano de 2011. Con la crisis haciendo estragos y el endeudamiento público disparado, los mercados financieros cortan el grifo del préstamo a España. No se fían de su solvencia y la sombra del rescate europeo se deja sentir. Así que, presionado por el resto de líderes europeos, el PSOE de Zapatero emprende junto al PP una reforma exprés de la Constitución “para garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país”. A partir de entonces, en el artículo 135 de la Constitución queda recogido que el pago de la deuda será prioritario frente a cualquier otra urgencia social.
Aquella reforma no dejaba de ser una declaración de intenciones. Así que, un año después, es el PP de Mariano Rajoy, que gobierna con mayoría absoluta, quien concreta la voluntad de pago de deuda en una ley orgánica. Es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada con los votos de PP y UPN, que otorga al Ministerio de Hacienda las herramientas necesarias para controlar el gasto de las administraciones públicas, tanto municipales como autonómicas, limitando la capacidad financiera de Navarra.
La ley fija que será el Gobierno de España quien determine los límites de déficit, deuda y regla de gasto. Con los dos primeros, fija la diferencia presupuestaria máxima entre los ingresos propios y los gastos, limitando progresivamente los números rojos del 3% de aquellos años al objetivo del 0% en 2020. Lo que automáticamente se tradujo en duros y drásticos recortes.
Nuevo escenario Seis años después, Navarra ha sido así una de las primeras comunidades en alcanzar la estabilidad presupuestaria. Pero cumplidos los objetivos de déficit y deuda, se activa ahora la denominada regla de gasto, la que limita el incremento del presupuesto aunque mejoren los ingresos. “La variación del gasto no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española”, apunta la Ley de Estabilidad. Lo que a efectos prácticos supone que Navarra no puede gastar este año un 2,7% más que en 2017. Aunque la economía esté creciendo al 3,4% y los ingresos por encima del 5%. Todo excedente se debe destinar a amortizar deuda.
Es el problema con el que se ha encontrado el Ejecutivo foral, que para poder invertir 113 millones del superávit del pasado año necesita el consentimiento expreso del Ministerio de Hacienda. Y aunque ahora está en manos del PSOE, que votó en contra de la ley y que públicamente se ha mostrado contrario a la interpretación estricta que ha venido haciendo el PP, de momento se mantiene en la ortodoxia presupuestaria. De hecho, se da la paradoja de que mientras en el Congreso PSOE y Podemos tratan de esquivar el veto del PP a una flexibilización de los márgenes de déficit. Hacienda pone reparos a nuevas inversiones con el argumento de que Navarra incumple la regla de gasto.
La legislación, no obstante, deja margen al Ministerio para autorizar una inversión extraordinaria siempre que sea “financieramente sostenible”. Un término nuevo que da un amplio margen a la interpretación, y que como casi todo, queda en manos de la voluntad política del Ministerio de Hacienda. De si mantiene el rigor de la austeridad fiscal, o afloja el margen de gasto ahora que la economía empieza a repuntar.
