pamplona - Quim Torra rendirá visita el miércoles 14 de noviembre a Iñigo Urkullu en Lehendakaritza. La cita no será un encuentro de rigor entre los máximos dirigentes de Catalunya y la CAV, sino que será la primera vez que mantengan una cumbre cara a cara desde que el jefe del Govern tomara posesión de su cargo al frente de la Generalitat la primavera pasada. Fuentes de Lehendakaritza consultadas aseguraron que abordarán diferentes cuestiones y entre ellas el modelo de Estado y su reforma y la situación catalana.

En el almuerzo de trabajo entre Torra y Urkullu estará el momento complicado que atraviesa Catalunya, que para esa fecha ya conocerá los delitos que la Fiscalía imputará a los políticos soberanistas encarcelados, y la reconfiguración del modelo de Estado, algo que el lehendakari ya trató en 2014 en Vitoria con quien era jefe del Govern, Artur Mas.

El lehendakari se ha citado con todos los presidentes catalanes en este periodo convulso, incluso con Puigdemont en 2017 en el Palau, coincidiendo con el 25 aniversario del atentado en Hipercor. Tras verse con Urkullu, Torra ofrecerá una conferencia sobre la cuestión catalana en el Kursaal.

Apenas dos semanas después del primer aniversario de la declaración unilateral de independencia (DUI), y de que tanto Torra como Carles Puigdemont hayan puesto en marcha distintos órganos como el Consell per la República o el Consejo Asesor; la presencia del dirigente catalán en Vitoria estará marcada por el recuerdo del papel de mediador que ejerció el lehendakari en los momentos de mayor tensión previos al 27 de octubre de 2017, tratando de seducir al expresident para que optara por convocar elecciones, algo que estuvo a punto de hacer de no ser por presiones internas, de la calle, y porque no hubo una respuesta por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy en la que se asegurara que no aplicaría el artículo 155 de la Constitución, algo que hizo nada más aplicarse la DUI, amén de convocar comicios catalanes el 21-D.

En aquella carta que Urkullu envió a Puigdemont a las 9.46 horas del 27-O -y que también dirigió al entonces presidente español, así como a Pedro Sánchez, Marta Pascal y Andoni Ortuzar- se trataba de evitar un choque de trenes que, a día de hoy, ya conocemos cómo tiene de judicializada y politizada la diatriba catalana. “Con el debido respeto”, abría el lehendakari la misiva: “No podemos, ni debemos desistir”. “Intento abrir un resquicio a la esperanza que evite el agravamiento de la situación?”. Un tono con el que proponía que la “ejecución” del 155 -que podía conculcar derechos fundamentales- se suspendería “en tanto el Parlament, el Govern o el president no declarasen la independencia”. Y es que se iba a aprobar la medida atendiendo a una DUI que aún no había sucedido. El segundo apartado instaba a que ambos Ejecutivos iniciaran “sin demora un proceso de diálogo encaminado a la consecución de un pacto de convivencia que ponga fin al desencuentro presente”. Urkullu proponía “la inmediata celebración de unas elecciones autonómicas, en la medida en que sus resultados permitirán conocer el sentir mayoritario de la sociedad catalana”.

“El recurso al 155 representa el fracaso de la política y su aplicación no solo no va a resolver nada, sino que va agravar aún más el desencuentro y la ruptura”, argumentaba el jeltzale. Se trata, decía, de “no dejar en vía muerta la opción por el diálogo y la solución negociada”. “Acordar no es claudicar, es un ejercicio de responsabilidad compartida”, zanjaba. O lo que es lo mismo, diálogo y distensión, las dos recetas que el lehendakari viene demandando desde hace un año, periodo en el que la cúpula de aquel Govern ha acabado en el exilio o en prisión. De hecho, el lehendakari, a petición de Oriol Junqueras, cursó visita a a la cárcel al líder de ERC.

Con todo, el encuentro entre Torra y Urkullu respirará desde prismas diferentes. Mientras que el lehendakari ha apostado por la bilateralidad en busca de un nuevo estatus político y jurídico para Euskadi, el president no renuncia a la vía unilateral en el caso de que Sánchez no ponga sobre la mesa soluciones que estén relacionadas con los presos y exiliados, y con el referéndum de independencia. Petición que desde el Gobierno español, de momento, solo se ha transformado en el reconocimiento de que es necesaria una ampliación del autogobierno catalán.