pamplona - El comisario Enrique García Castaño, uno de los más ligados a Villarejo, se quedó los papeles sensibles de Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal sustraídos a Luis Bárcenas por su chófer. La orden de búsqueda del Ministerio del Interior a Sergio Ríos fue clara: hacerse con todo lo que pudiese ser comprometedor para los citados dirigentes populares, según informaba ayer Okdiario. El Ministerio hizo el encargo en un momento en el que no sólo crecía la tensión por el caso Gürtel, sino que también entre las familias del PP que pretendían hacer una limpia del partido, empezando por el extesorero, cuyo chófer recibió 2.000 euros al mes a lo largo de dos años y fue posteriormente enchufado en la Policía por su trabajo para Interior, según el citado medio.

La documentación sobre los dirigentes populares ha acabado siendo archivada por comisario García Castaño, conocido como El Gordo, según figura en la información aportada por los equipos de asuntos internos de la Policía y judicializada a raíz del registro al domicilio de Villarejo, que según los investigadores actuaba forma coordinada con García Castaño. El juez De Egea le mantiene en estos momentos bajo imputación, acusa de los mismos delitos que Villarejo: organización criminal, blanqueo, cohecho y revelación de secretos.

sin comisión El Congreso de los Diputados ha cerrado la puerta a la creación de una comisión de investigación sobre los audios donde la Corinna zu Sayn-Wittgenstein reconoce ante Villarejo y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga que el rey emérito Juan Carlos I se valió de ella para hacer las veces de testaferro. Con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, la Mesa de la Cámara baja rechazó ayer el último intento del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea por que dicha solicitud de comisión de investigación fuese admitida a trámite para debatir su creación. La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, calificó la decisión de un “ejemplo de mala salud democrática”.

Populares, socialistas y naranjas se apoyaron en un informe de los servicios jurídicos del Congreso según el cual “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. - D.N.