parís - Frente el desafío de los chalecos amarillos, que hoy emprenden su décima jornada de movilizaciones, el presidente francés, Emmanuel Macron prosiguió ayer su periplo de debates públicos con los que pretende responder al descontento popular.

Mientras el Gobierno ha apelado a los ciudadanos a debatir sobre los problemas del país, el presidente se prestó al ejercicio ante unos 600 alcaldes rurales del sur del país, el segundo maratón de preguntas y respuestas tras el del pasado martes en Normandía (norte).

Los problemas de la Francia más profunda fueron de nuevo puestos sobre la mesa, muchos de ellos escuchados en las protestas de los chalecos amarillos que comenzaron hace dos meses y que han obligado al presidente a dar un golpe de timón a su política.

Macron escuchó las dificultades para llegar a fin de mes de numerosos ciudadanos a través de la voz de sus alcaldes, los problemas que supone para ellos, obligados cada día a desplazarse en coche, la subida del carburante o las deficientes infraestructuras.

El presidente, tachado con frecuencia de urbanita y que sustentó su victoria electoral de 2017 en el masivo apoyo de las grandes ciudades, no desperdició la ocasión para contrarrestar esa imagen y también mitigar la arrogancia que le reprochan sus enemigos.

fractura social Como ya hiciera hace cuatro días en Normandía, Macron explicó que el descontento expresado por los chalecos amarillos se asienta en una fractura social que, a su juicio, no han sido capaces de sanar los sucesivos gobiernos de los últimos 30 años.

A esa ruptura se suman otras, como la fractura territorial entre unas ciudades “que han acelerado su ritmo de desarrollo y otros territorios que han quedado más relegados”.

“O la fractura medioambiental, que agrava las otras dos”, señaló el presidente, que también se refirió a una “fractura democrática”, que situó entre 2005 y 2007, después de que el rechazo en referéndum a la Constitución Europea fuera enmendado en el Parlamento.

En ese momento, dijo Macron, se instaló la desconfianza de los ciudadanos en los poderes públicos. - Efe