A estas alturas de la película la clase trabajadora hemos perdido la cuenta de las crisis que hemos tenido que vivir; financieras, bélicas, sanitarias... diferentes apellidos y receta única para superarlas: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Nosotras perdemos, ellos ganan.
En los últimos años nos han condenado a una crisis marcada por la economía de guerra y una creciente militarización. Las constantes agresiones imperialistas, cuyo fin es el control de los territorios y de los recursos estratégicos, sostienen un sistema económico colonial diseñado para garantizar los beneficios de las grandes corporaciones y de las potencias imperialistas. Y mientras, gobiernos y clase política, en su mayoría, miran hacia otro lado, porque lo de los derechos humanos, el derecho internacional o cualquier mínimo atisbo de coherencia y humanidad si eso, para otro día.
En realidad, lo único importante es seguir acumulando riqueza aunque para ello haya que matar sino, ¿cuál es la razón para que los estados miembros de la UE acordasen un incremento del 5% del PIB en gasto militar? Desvían cantidades ingentes de dinero para fomentar destrucción y miseria, pero no para garantizar los derechos sociales más básicos... En fin, ¿a quien puede extrañarle este afán militarizador? No les importa seguir ahogando a quienes tienen cerca como para preocuparse de otros.
La receta del capitalismo sirve también para superar esta crisis: nosotras nos apretamos el cinturón mientras ellos se hacen trajes a medida. Desde 2021 hasta hoy hemos acumulado una subida del IPC superior al 23%. Sin embargo, salarios, pensiones y prestaciones sociales no han evolucionado al mismo ritmo.
Las pensiones han registrado un incremento acumulado del 21,2%, pero no ha compensado el encarecimiento de la vida. En los salarios el aumento medio ronda el 17%, muy por debajo del IPC acumulado. En el ámbito de las prestaciones sociales la cosa tampoco mejora. El IPREM, indicador de referencia para el acceso a subsidios de desempleo y otras ayudas, apenas ha aumentado un 6,21% y permanece congelado desde 2023, y lo mismo sucede con las subidas a la RGI, la RG y el IMV.
Hablamos del IPC, pero este no refleja el encarecimiento real de los bienes y servicios básicos. Mientras el gasto medio por hogar aumentó un 4,4% en 2024, el IPC se situó en el 2,8%. Es decir, que aunque salarios, pensiones o prestaciones se actualicen conforme al IPC, no nos dan las cuentas.
Si hace apenas tres décadas la falta de empleo era un problema, hoy tener un empleo es el problema, porque tener un salario ya no garantiza poder acceder a bienes básicos.
El deterioro generalizado de nuestras condiciones de vida no solo se refleja en nuestros ingresos. Ir a hacer la compra se ha convertido en un lujo que no todo el mundo se puede permitir, y quienes tienen la fortuna de poder hacerlo hacen malabares para no arruinarse en el intento. En los últimos 3 años la cesta de la compra se ha encarecido un 38%, mientras que en los salarios hemos perdido más de un 15% de poder adquisitivo.
La vivienda es otro de los factores determinantes en la situación actual. Acceder a ella es un privilegio. La falta de cualquier tipo de recurso habitacional es el principal eje de desigualdad y un mecanismo de disciplinamiento social que afecta principalmente a las personas más jóvenes, mujeres*, personas migradas y racializadas y familias monoparentales. Esta cuestión refleja lo perverso del sistema; vivimos en lugares llenos de pisos turísticos, hoteles y viviendas vacías mientras una gran parte de la población no tiene cómo acceder a una vivienda digna.
Y ante esta situación las patronales se dedican a hacer lo único que saben: negocio al precio que sea. La desequilibrada negociación colectiva ha impedido que los salarios compensen la brutal inflación. Las patronal española se ha negado sistemáticamente a todas las subidas del SMI y tanto la vasca, como la navarra, han hecho lo propio con el SMI que la mayoría sindical vasca reivindicábamos.
Estos ataques de la patronal a la clase trabajadora no serían posible sin la complicidad de los gobiernos vasco y navarro, que lejos de defender nuestros derechos han cerrado filas con CONFEBASK y CEN. El Gobierno de María Chivite ni siquiera admitió a trámite la ILP por el SMI propio para Euskal Herria, y el de Pradales, apoyado en PSE, PP y Vox rechazó el debate, demostrando ambos su actitud antidemocrática. No solo no resuelven la situación, sino que además nos niegan la palabra y hurtan el debate.
La situación socio-politica tampoco ayuda a atenuar las dificultades. Recortan nuestros salarios, encarecen los bienes más esenciales y además precarizan nuestras vidas y destruyen nuestro bienestar privatizando y vaciando los servicios públicos. No hay dinero suficiente para garantizar sueldos dignos ni para hacer inversiones en recursos sociales, como establecer por ejemplo un sistema público de cuidados, pero sí para militarizar la economía.
En ESK tenemos muy claro que el empobrecimiento de la clase trabajadora no es coyuntural ni inevitable: es el resultado de decisiones políticas y económicas que priorizan el beneficio de unos pocos frente a las condiciones de vida de la mayoría social. Tenemos la obligación y el derecho de participar del mundo en el que vivimos, de incidir y cambiarlo, de reivindicar y luchar por una vida digna, usando para ello las herramientas necesarias. Chivite y Pradales con su actitud nos niegan la participación, y con sus políticas nos dejan muy claro cuáles son los intereses que defienden y desde luego no son los nuestros. No nos han dejado debatir sobre el empobrecimiento y tampoco hacen nada para combatirlo, por eso hoy, 17 de marzo, las trabajadoras y trabajadores de hego Euskal Herria vaciaremos los centros de trabajo y llenaremos las calles para plantar cara y señalar a este sistema miserable y a sus cómplices que lo único que quieren es tenernos sometidas para seguir enriqueciéndose a nuestra costa.
Los autores son miembros de la Koordinadora de ESK
