El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha comparecido este lunes a primera hora de forma urgente para adelantar las conclusiones del informe que su departamento ultima sobre la proposición de ley de UPN relativa a los conciertos educativos, advirtiendo de “gravísimas consecuencias” para el sistema educativo navarro si sale adelante, entre ellas posibles problemas de constitucionalidad, la repetición del proceso de matrícula y un impacto generalizado en alumnado, familias y profesorado, según ha enumerado.

Gimeno ha asegurado que la iniciativa presenta “evidentes visos de inconstitucionalidad” y ha señalado que existen “serias dudas sobre si dicha proposición es acorde al ordenamiento jurídico vigente”, por lo que ha considerado “incomprensible y democráticamente cuestionable” que pueda aprobarse una norma “que podría estar en contra de la Constitución y podría enfrentar contra el ordenamiento jurídico básico en materia de educación”. “Es, si me permiten la expresión, el mundo al revés y una perversión del sistema absoluto”, ha afirmado.

El consejero ha subrayado que, en caso de prosperar, la ley “tiene muchas posibilidades de ser recurrida” y ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios, que “decidirán conociendo, sabiendo lo que hacen y teniendo en cuenta las consecuencias de sus actos”. En este sentido, ha criticado aspectos concretos del texto, como el artículo 1.2, que considera “absolutamente insólito” al permitir que los propios centros beneficiarios de conciertos “puedan proponer los criterios que deberán ser valorados de forma obligatoria por la Comisión de Conciertos de cara a la concesión del número de unidades concertadas, pudiendo presumirse que dichos criterios no se dirigirán a la satisfacción del interés público, sino de sus propios intereses particulares”. “Es decir, los centros van a ser juez y parte de la convocatoria de subvenciones”, ha resumido.

El titular de Educación ha advertido de que una de las principales consecuencias sería la necesidad de repetir el proceso de escolarización para el próximo curso. “Si se aplica la ley de Unión del Pueblo Navarro, la proposición de ley actualmente, hay que volver a hacer el proceso de matrícula para el próximo curso”, ha indicado, alertando de que, con nuevas condiciones como la bajada de ratio en la educación concertada, “muchos niños y niñas que ahora cuentan con ir a un colegio que han elegido y que tienen asignado, pueden perder esa plaza”. “Esto es gravísimo porque deja a las familias en una enorme incertidumbre”, ha añadido, remarcando que podrían verse afectados alumnos de distintos centros de Pamplona y Tudela.

Según ha explicado, la norma también tendría efectos en la red pública, al combinar el mantenimiento de unidades con la aplicación de criterios de reducción de ratios. Ha citado como ejemplo el Colegio Público Huertas Mayores de Tudela, donde “habría que desplazar a otro colegio a 17 alumnos y alumnas que lo han solicitado y que ya tenían plaza como en los anteriores ejemplos”, o la imposibilidad de abrir una unidad de modelo D en Falces, con “trece familias con plaza adjudicada que deberán ser enviadas a otros centros ante la imposibilidad de abrir una nueva unidad”.

En el ámbito organizativo, Gimeno ha advertido de que la proposición llega cuando los centros ya están elaborando sus plantillas, lo que obligaría a rehacer toda la planificación. “Los centros no conocerían en junio su plantilla ni el profesorado que aspira a contratos administrativos tampoco conocería su destino”, ha señalado, recordando que una situación similar se produjo en 2012. Además, ha anticipado una caída en la asignación de plazas en primera opción, actualmente en el 98,9%, lo que, a su juicio, demuestra que “ese concepto manido, esa supuesta libertad de elección del centro que defiende de manera majestática Unión del Pueblo Navarro, es menos libertad con la proposición de ley de Unión del Pueblo Navarro”.

El consejero ha extendido las críticas a la formación profesional, advirtiendo de que la iniciativa obligaría a paralizar la nueva oferta prevista. “Nos obligará a suspender la nueva oferta de formación profesional con el consiguiente perjuicio para el desarrollo económico, empresarial y laboral de la Comunidad Foral de Navarra”, ha dicho, citando la imposibilidad de implantar nuevos ciclos o incluso de ofertar el segundo curso a alumnado ya matriculado. “Nos obligaría, incluso, a suspender la oferta de los 33 nuevos grupos que ya están planificados para el próximo curso académico”, ha añadido.

Gimeno ha concluido alertando de un escenario de “caos y en la incertidumbre” si la ley se aprueba, con “alumnado desplazado a otros centros que no son su primera opción, desaparición de aulas de formación profesional, profesorado sin poder planificar el curso antes de su inicio y familias desconcertadas con todo este caos con un número de afectados impredecible”. “Nadie va a salir ganando salvo determinados intereses que, a la vista está, no son ni los de la gran mayoría de los niños y de las niñas navarros, ni sus familias, ni el profesorado, que para poder trabajar bien, para poder trabajar en condiciones óptimas, necesita planificación y organizar el curso académico con tiempo y con un escenario sólido y claro”, ha afirmado, para remachar que “la mayoría social de la Comunidad Foral de Navarra sale perdiendo”.

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