El Gobierno de Navarra ha descartado este miércoles aplicar una moratoria de un año para evitar el cierre de 33 aulas de Infantil al concluir que carece de encaje legal, en pleno pulso político por la reorganización de la red educativa ante el descenso de la natalidad. El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha asegurado que el informe jurídico encargado por el Departamento de Educación es “claro y rotundo” y obliga a actuar “con la regla de derecho y con plena seguridad jurídica”.
El portavoz ha insistido en que la resolución ya publicada por el Departamento aplica “estrictamente lo que es el marco legal vigente” y ha advertido de las consecuencias de actuar al margen de la ley: “Si un funcionario, a sabiendas, incumple la norma, eso tiene un nombre: es un delito de prevaricación administrativa”. Por ello, ha recalcado que el Ejecutivo debe actuar “en cualquier materia” con arreglo a la normativa vigente.
Remírez ha detallado que la normativa vigente no contempla la figura de la moratoria, para precisar que el decreto únicamente prevé “una prórroga de un año en los casos en los que un centro concertado solicita un nuevo concierto y no se le puede prorrogar”. Esa posibilidad, ha explicado, se limita a situaciones en las que un centro pierde completamente el concierto educativo.
El informe limita las prórrogas
El informe jurídico emitido por la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación subraya que, según la Ley Orgánica de Educación (LOE), la duración mínima de estos acuerdos es de cuatro años para etapas como el Bachillerato o el segundo ciclo de Infantil. El texto es contundente al diferenciar entre la reducción de unidades escolares y la denegación total del concierto.
El informe aclara que para la gran mayoría de los centros no cabe la prórroga solicitada porque sus conciertos sí han sido renovados por cuatro años más, aunque con menos unidades debido al descenso demográfico. La conclusión principal limita la aplicación de esta medida excepcional a un único caso: la Ikastola Ibaialde de Lodosa, por ser el único centro al que se le ha denegado la renovación de forma absoluta. Para el resto, el informe advierte que imponer una moratoria generalizada vulneraría la normativa estatal.
Critica la ley de UPN por “inseguridad jurídica”
En paralelo, el vicepresidente ha avanzado que el Ejecutivo rechaza la proposición de ley registrada por UPN para frenar los cierres. A su juicio, la iniciativa “trata de subordinar la enseñanza pública a la enseñanza concertada”. Remírez ha cuestionado el planteamiento de dejar todo en "stand-by" y ha advertido de que generaría una situación de incertidumbre a todas las familias.
Además, ha señalado que la propuesta presenta “graves fallos de técnica jurídica”, ya que la regulación de la duración de los conciertos corresponde a la normativa estatal básica, por lo que una modificación en ese ámbito excedería las competencias forales.
Justifica la medida de Gimeno
El portavoz ha enmarcado la actuación del Ejecutivo en la necesidad de adaptar el sistema a la evolución demográfica. Las proyecciones del Gobierno foral hasta 2039 apuntan a una reducción de la población de entre 0 y 16 años del 15% al 13%.
Con estos datos, ha defendido que las decisiones responden a criterios de racionalidad y eficiencia del gasto público. Remírez ha concluido que Navarra “no va a escatimar recursos” en educación, pero que el Departamento debe mantener su capacidad de planificación para cumplir estrictamente con la normativa vigente desde 1992.
