PAMPLONA. EH Bildu ha apostado por "seguir adelante" con la tramitación de la proposición de ley foral de reconocimiento y reparación de víctimas de actos de motivación política provocados por grupos de ultraderecha y funcionarios públicos con "el texto acordado y registrado" por los cuatros socios de Gobierno.
En un comunicado, la coalición ha expresado su "disconformidad" con las conclusiones del informe jurídico emitido por los servicios del parlamento, que ve riesgo de inconstitucionalidad en la nueva ley presentada.
En opinión de EH Bildu, "el informe se extralimita en sus valoraciones e interpreta la restrictiva sentencia del Tribunal Constitucional mediante la que se derogó casi en su totalidad la ley anterior de una manera incluso más restrictiva, entrando incluso a valorar la prescripción de posibles delitos, competencia exclusiva de los jueces".
Para EH Bildu, "las modificaciones introducidas en la nueva proposición de ley foral, a las que el informe jurídico no presta la debida atención, la dotan de seguridad jurídica suficiente". Y ha afirmado que "el nuevo texto adopta cautelas tales como la referencia a la subsidiariedad de los procesos administrativos que recoge la norma respecto del ámbito penal, alude a las garantías de terceras personas y expresa textualmente la ausencia de finalidad punitiva y la sujeción al deber de abstención sobre los pronunciamientos judiciales".
Además, ha señalado que "la proposición de ley foral plantea que el reconocimiento y reparación de estas víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos debe estar basado en el establecimiento de un nexo causal entre unos hechos acreditados y unas consecuencias dolosas para determinadas personas, tal como establece la propia sentencia del TC, sin entrar a valorar los posibles delitos o responsabilidades derivadas de dichos actos".
A juicio de la coalición, el texto presentado es "insuficiente para garantizar el derecho a la verdad de estas personas, condicionado y lastrado absolutamente por los obstáculos que planteaba el Tribunal Constitucional, que dejaba en el más absoluto desamparo a estas personas". Por ello, ha considerado que "si además lleváramos a efecto las modificaciones que proponen los servicios jurídicos, estaríamos abundando en una visión todavía más restrictiva y negando, de facto, la posibilidad de tramitar multitud de expedientes".
