PAMPLONA - Desde el año 2010, la actividad de ETA “está totalmente unida al proceso de paz”. Así lo declaró ayer David Pla ante el Tribunal Correccional de París, donde está siendo juzgado por su vinculación con la banda junto a Iratxe Sorzabal. Ambos se encargaron de leer el comunicado del abandono definitivo de la lucha armada en octubre de 2011 y fueron detenidos el 22 de septiembre de 2015 en Baigorri. “Desde el año 2010, ETA ni ha hecho acciones armadas, ni ha buscado información para objetivos de acciones armadas, ni ha fabricado explosivos, ni ha cobrado el impuesto revolucionario”, insistió.

Preguntados por los jueces por su actividad pasada en la organización -sobre ambos pesan seis y doce cargos, respectivamente-, Sorzabal alegó que “lo importante es que en el momento de nuestro arresto hacía años que tratábamos de construir un proceso de resolución del conflicto”. Pla explicó que la razón de su presencia en la casa rural en la que fueron arrestados era reunirse con el antiguo jefe del aparato político Ramón Sagarzazu, para escuchar su opinión “como antiguo militante de ETA” y ver así “cómo hacer avanzar el proceso de paz”.

Nacido en Pamplona en 1975, Pla explicó que la dirección de ETA le encargó desde 2010, junto a otros activistas a los que por razones obvias no quiso identificar, la representación para intentar negociar. Relató que, tras la conferencia de Aiete en octubre de 2011, formaron parte de una delegación que se trasladó a Noruega -junto al histórico etarra Josu Urritikoetxea, alias Josu Ternera- para iniciar unas negociaciones con la Moncloa que nunca se produjeron, hasta que las autoridades del país les expulsaron en febrero de 2013.

contactos con el gobierno del pp Entre estos intentos de abrir conversaciones con los gobiernos español y francés, relató que, a finales de 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió a “un intermediario altamente reconocido en la resolución de conflictos y que estaba en relación con la Iglesia Católica”. Según el relato de David Pla, esa persona tenía el encargo de “abrir una vía estable y permanente con ETA”, pero cuando la banda pidió que el Ejecutivo del PP aclarara “para qué quería esa vía”, el mediador se volvió.

En un momento de la vista de ayer, los jueces y el fiscal hicieron notar a los activistas de ETA que llevaban revólveres y munición cuando fueron arrestados, cinco años después del anuncio del fin de la lucha armada, y que un policía francés -el sargento Jean-Serge Nérin- fue asesinado por la banda tras un tiroteo ocurrido en marzo de 2010, en el que ha sido el último muerto de ETA, y un gendarme herido un año más tarde. Pla argumentó que el compromiso de no usar las armas era de septiembre de 2011. Agregó que ETA se había comprometido ante la Comisión Internacional de Verificación a no usar las pistolas salvo si sus miembros eran atacados y se veían en peligro.

Más parca en palabras durante la vista, Iratxe Sorzabal alegó que desearía que no hubiera tenido que recurrir a la violencia, pero “nos vimos obligados”. En cualquier caso, afirmó que “soy militante de ETA y asumo totalmente todas las decisiones de ETA”. Su compañero recordó que “ETA ya ha mostrado su pesar” por la muerte de Nerin y que el tiroteo de los gendarmes en 2011 fue “un hecho que desearíamos que no se hubiera producido”.

El juicio, que termina hoy, podría ser el último en Francia a miembros de ETA encarcelados. Aunque al ser detenidos fueron imputados como dirigentes de organización terrorista, ese cargo, que podría haber supuesto una pena de hasta 20 años de cárcel, no se mantuvo al final de la instrucción debido al “cambio de la situación”, según la Fiscalía. Por ello, en este juicio Pla y Sorzabal se enfrentan a una pena máxima de 10 años de prisión. - Efe/D.N.