Órdago a los Presupuestos

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08.02.2020 | 19:22

e l veto a los Presupuestos tiene más consecuencias políticas que económicas. Para empezar, el país no se queda sin cuentas públicas sino que seguirán en vigor los de 2018. Además, las grandes medidas de gasto contempladas en el proyecto del Gobierno, como la subida de las pensiones, ya estaban aprobadas mediante decretos leyes, y siguen en vigor. El problema es que las medidas de ingresos, los impuestos para sufragar parte del nuevo gasto, no verán la luz y el Gobierno no podrá disponer de los 5.600 millones que esperaba recaudar gracias a sus nuevas medidas.

Pensiones, funcionarios y sMI Los pensionistas sí seguirán cobrando el aumento de la pensión del 1,6% y del 3% en las mínimas, porque esa subida se aprobó por decreto ley el 28 de diciembre y no estaba dentro de la Ley de Presupuestos. Los funcionarios también verán cómo su nómina mejora un 2,25% con respecto al año anterior porque también se hizo a través de un decreto ley convalidado después en el Congreso. Y el salario mínimo ya está en vigor desde el 1 de enero. Todas esas medidas siguen su curso.

Los grandes gastos, ya aprobados El pasado diciembre el Gobierno aprovechó la incertidumbre política -aún no sabía si presentaría el proyecto de Presupuestos, que tenía que haber registrado en octubre- para aprobar un completo ramillete de decretos con medidas económicas que incluían la subida del sueldo de los funcionarios (un 2,5% más), un incremento de las pensiones entre 1,6% y el 3% para las mínimas, la subida del salario mínimo interprofesional un 22,3%, hasta los 900 euros mensuales, en vigor desde el 1 de enero. Además, comprometió unas transferencias de 105.000 millones de euros para las comunidades autónomas por las entregas a cuenta del sistema de financiación. Todo esto ya está en marcha.

Es decir, Sánchez dejó comprometidas los grandes aumentos de gastos: las pensiones representan casi la mitad del gasto de las cuentas públicas, más de 153.000 millones al año, casi 9.000 millones más que en 2018. El sueldo de los funcionarios es otra de las grandes partidas presupuestarias con más de 23.000 millones, un aumento de 1.000 millones por el alza salarial y las nuevas incorporaciones a las plantillas ministeriales por la mejora de la oferta de empleo público.

El problema: el déficit público El principal inconveniente es que se perderá un año para el ajuste del déficit público porque, al no poder aprobar los nuevos impuestos, los ingresos serán menores de lo previsto y resultarán insuficientes para financiar el aumento de gastos ya comprometidos.

La falta de Presupuestos perjudica, por tanto, la reducción del déficit público, según reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en el debate sobre las enmiendas a la totalidad en el Congreso. La ministra avisó de que el proyecto de Presupuestos conlleva una renta indirecta en forma de prestaciones y servicios públicos equivalente a 4.174 euros por ciudadano, que se pierden al no haber sido aprobadas las cuentas. "Se podría elevar el déficit público al 2,2% o el 2,4% del PIB" frente al objetivo actual del 1,3% del PIB, dijo la ministra.

La inversión pública Otra de las grandes partidas es la inversión pública, que crecía hasta casi 7.600 millones de euros, 2.200 millones más que el año pasado, es decir un 40% más. Algunos de esos proyectos pueden quedar parados. Sin embargo, en lo que se refiere a grandes obras, buena parte de las nuevas infraestructuras proyectadas dependen de empresas públicas como Aena, Adif, Renfe, que tienen presupuestos estimativos y pueden desarrollar sus proyectos sin depender de la tramitación presupuestaria. Las empresas pueden seguir adelante con licitaciones.

inversión en infraestructuras En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno había esbozado un aumento de las inversiones en infraestructuras de un 18% más que en las cuentas de 2018, alcanzando el mayor importe inversor desde 2012 con 10.029 millones de euros. De todas ellas, la alta velocidad se comía uno de cada cuatro euros presupuestados, al acumular 2.660 millones, más de la mitad de los 5.041 millones dirigidos al ferrocarril.

Otra de las partidas que se quedarán por ahora sin ver la luz es la de inversión real territorializada, que en el proyecto presupuestario contempla un alza del 20%, hasta los 12.181,94 millones de euros, con incrementos para Catalunya (+52%), Andalucía (+44%) y Comunidad Valenciana (+61%), frente a las regiones más castigadas: La Rioja (-39%), Galicia (19%) o Comunidad de Madrid (congelada).

los nuevos impuestos El veto a las cuentas de Sánchez afecta, sobre todo, a los ingresos. El Gobierno había planeado subidas de impuesto por 5.600 millones de euros, que en gran medida no podrán llevarse a cabo. Entre ellas figuran la subida del pago mínimo para las grandes empresas en el impuesto de sociedades, el incremento del IRPF para las rentas altas o la subida del diésel.

Los nuevos impuestos como la tasa Google o el impuesto sobre transacciones financieras no están afectados por los Presupuestos, porque la creación de nuevas figuras tributarias no se puede hacer con los Presupuestos. Y aunque el Gobierno preveía ingresar en torno a 2.000 millones con estos nuevos impuestos, lo cierto es que su tramitación ha quedado varada en el Congreso. Si lograran superar ese obstáculo no entrarían en vigor hasta final de año. De esta forma, su aportación en 2019 sería muy reducida. Así lo dijo la Airef en su último informe sobre los Presupuestos.

Todo esto aboca a una importante desviación respecto al objetivo de déficit público. Y eso, a pesar del crecimiento económico (la estimación oficial es el 2,2%), está inyectando más potencia a la economía, que debería haber contribuido a reducir el desajuste presupuestario.

vivienda y pobreza infantil Respecto a vivienda, el Presupuesto tumbado por el Congreso dedicaba un 41% más que el del año pasado, dotando con 137 millones de euros al Plan 20.000 viviendas para incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales. Asimismo, se presupuestaban 25 millones de euros más para el programa de protección familiar y de lucha contra pobreza infantil en proyectos para mejorar la situación de familias en situación de vulnerabilidad y se dotaban 30 millones para aumentar los recursos de las entidades públicas autonómicas de protección de menores extranjeros no acompañados.

permisos de paternidad La ampliación del permiso de paternidad de las cinco semanas actuales para pasar a ser de ocho semanas en 2019 se queda también varada. El Gobierno contemplaba en el proyecto de ley gastar 302 millones más para poder financiar la ampliación del permiso de paternidad.

víctimas del franquismo Respecto al Ministerio de Justicia, las cuentas de Sánchez proyectaban un aumento del 5% respecto a los últimos Presupuestos de Rajoy, elevando su cuantía hasta los 1.869 millones de euros, 15 millones de los cuales se reservaban para impulsar iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Asimismo, las partidas presupuestadas financiaban la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.