pamplona - Dolors Bassa admitió ayer que “el referéndum no fue nunca un acto concluyente para la independencia”, sino que su finalidad era forzar una negociación con el Estado sustentada en el apoyo de la gente que fue a votar. La exconsellera de Trabajo añadió que “nunca la independencia se pretendió llevar después del referéndum, siempre se planteó como algo pactado” tras un proceso de acuerdo y negociación que, precisó, se llevaría a cabo “durante el tiempo que fuese necesario”. “La prueba es que estamos aquí y no ha habido independencia”, zanjó. Lo hizo replicando al fiscal Fidel Cadena, que tampoco tuvo su día, ya que erró a la hora de presentar una prueba: aludió a un correo de Bassa, mientras que era, en cambio, un atestado de la Policía. Además, enseñó unas facturas al parecer de la Generalitat, algo que Bassa y su abogado negaron.

Justificó la desobediencia al Constitucional insistiendo en que se hizo la ley de transitoriedad a la república catalana porque, “si se llegaba a un pacto” con Madrid sobre el referéndum, debían “tener algo preparado”, pero no se cumplimentó con ninguna medida más la ley del referéndum desde que fue suspendida por el TC. Lo que no se hizo fue suspender la consulta, porque se consideraba que no era delito desde 2005.

De ella dependían los centros cívicos y la consellera explicó las funciones de sus directores la semana antes del 1-O. “No cesé a ningún director. Los centros cívicos son para la participación ciudadana. No nos podíamos negar. Los directores tenían cierta inquietud por si pasaba algo en esas actividades, por lo que asumí sus competencias, pero no cesé a nadie ni se firmó ningún trabajo. No tenía nada que ver con el 1-O”, argumentó.

Exconsellera de Governació y uno de los tres exdirigentes en libertad, Meritxell Borràs dijo que se podía “imaginar” que el TC suspendiera el referéndum por “su politización, pero había que cumplir con el mandato del Parlament”. “No se gastó ni un euro público. Ni mi departamento ni el de nadie más”, ratificó .

Y el antiguo responsable de Justicia Carles Mundó -que se enfrenta a 7 años de cárcel, los mismos que Borràs- fue esquivo a las preguntas sobre el TC aunque, tras la insistencia del fiscal aseguró que desde el 15 de septiembre de 2017 no realizó ningún acto ni resolución para incumplir esos requerimientos. - I.S.M.