pamplona - El magistrado José Yusty Basterreche, que arremetió contra la ley de Memoria Histórica en un artículo académico al considerar que resucitaba “fantasmas” de la Guerra Civil, ha suspendido el informe que admitía las obras de exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos. El auto, adelantado por El Independiente, paraliza cautelarmente la autorización del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para las obras que el Gobierno planeaba para sacar el cadáver del dictador. Al juez le han bastado dos días para resolver pues la petición de medidas cautelares se hizo el 22 de febrero
El Ayuntamiento, que tiene tres días para alegar, había emitido un análisis favorable para conceder la licencia de obras menores. Las actuaciones planeadas por el Ministerio de Justicia incluían el levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Franco y su traslado a otro lugar. Ahora, la decisión del juez aleja la posibilidad de que el traslado del dictador se pueda consumar antes del próximo 28 de abril, cuando se celebrarán las próximas elecciones generales.
El Gobierno, no obstante, puntualizó ayer que el expediente de exhumación de sigue su curso, dado que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid no es competente para resolver sobre acuerdos del Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo. Para el Ejecutivo, éste es “un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático” respecto de la decisión de exhumar a Franco. El Ayuntamiento por su parte ha recibido el auto con estupor. “Basta leerlo para ver cómo queda marcada la ideología del magistrado”, señalaron fuentes municipales, que anunciaron la presentación de alegaciones.
Para argumentar su decisión el juez, que ni siquiera ha escuchado al Ayuntamiento, se basa en un informe de arquitectos de la fundación Francisco Franco. Yusty hace suyas las conclusiones de este estudio y redacta que “debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”. Apunta con este argumento a un posible derrumbe, lo que contrasta con la opinión técnica de la persona que enterró a Franco en 1975, Gabino Abánades, quien defendió en agosto de 2018 que la exhumación sería “un proceso sencillo en el que se moverá la lápida, se romperá la tabica que tapa el ataúd, se recogerá el cuerpo y se trasladará a otro féretro”.
La resolución judicial tira por tierra la perentoriedad con la que el Ejecutivo ha tramitado el proyecto de exhumación del dictador, a través de decreto-ley. Así, el juez insiste en su exposición que no hay ninguna urgencia en la exhumación “del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica [...] más de 44 años”. Además, considera que las dificultades técnicas de la exhumación suponen a la larga una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. “No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra [...] pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático del Derecho [...], esto es, poner en peligro la vida humana”, concluye.
El magistrado se recrea en las características de la lápida y lo que supondría sacar el cuerpo de la Basílica. “Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000kgs. de peso, y no hace falta ser arquitecto [...] para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y, por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra”. El juez razona que una decisión del Consejo de Ministros “no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación”.
La resolución se produce mientras el Gobierno se encuentra a la espera de que los nietos de Franco señalen el emplazamiento alternativo para la inhumación de los restos excluyendo la cripta de la catedral madrileña de La Almudena. - D.N.
El Post-it
12 demandas coordinadas. Al Gobierno le constan hasta 12 demandas judiciales presentadas por personas diferentes pero todas con idéntica documentación reclamando la suspensión de las actuaciones urbanísticas acordadas para la exhumacióin. De esas 12, en siete se han rechazado las demandas cautelarísimas y la conocida ayer es la única en la que el juzgado ha admitido medidas cautelares urgentes. La Abogacía del Estado trabaja en la acumulación de todos los procedimientos judiciales en uno solo.
