pamplona - El Gobierno español trató de actuar este viernes con cautela y con la precisión de un cirujano para evitar cualquier valoración partidista tras el Consejo de Ministros que sirva para cargar de razones al PP ante la Junta Electoral Central y hablar de autobombo. Este organismo resolverá pasado mañana si suspende a petición de los populares las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros cuando sirvan para presentar decretos. El PP cree que se incumple la normativa de la precampaña, que impide realizar actos financiados con dinero público donde se pongan en valor logros del Gobierno.
En ese contexto, y mirando de reojo al pronunciamiento del lunes, el Gobierno español siguió aprobando medidas, pero la portavoz Isabel Celaá despejó todos los balones que le lanzó la prensa con preguntas sobre el apoyo socialista al feminismo, o las posibilidades de lograr el respaldo de la oposición a los decretos. Mantuvo al mínimo las valoraciones políticas, buscó la neutralidad y, sobre todo, dejó de cargar contra la oposición, al contrario de lo que venía haciendo hasta ahora tras el veto a los Presupuestos. Celaá reconoció expresamente que su gobierno ha decidido asumir una posición de “cautela” a la espera del pronunciamiento. La de ayer era la primera rueda de prensa tras la publicación de la convocatoria electoral en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, la única en sentido estricto que puede someterse al escrutinio de la junta. De ahí que la cita fuera importante, y obligara a extremar la precaución y exponer solo el contenido de las medidas.
el lunes, solución El PP ha llevado al extremo su crítica pidiendo suspender las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros si Sánchez las utiliza para publicitar decretos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohibe llevar a cabo actos financiados con dinero público que sirvan para poner en valor los logros de un gobierno. Esta prohibición entra en vigor desde el decreto de convocatoria electoral, que en este caso se produjo el pasado martes. El PP pide, incluso, multas de hasta 3.000 euros.
El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ha pedido el archivo con una relación de las ruedas de prensa de los consejos de ministros de Zapatero y Rajoy. Argumenta también que todos los actos cuestionados por el PP tuvieron lugar antes del decreto de convocatoria, cuando no regía esa prohibición, y no pueden servir para prejuzgar lo que se hará en precampaña.
Un fallo contrario a Sánchez dejaría en el aire las ruedas de prensa (los llamados viernes sociales) y quedaría maniatado para marcar perfil en puertas de las elecciones de abril. Dar publicidad a los decretos es fundamental para Sánchez, que ha tenido un breve mandato de nueve meses donde tampoco ha podido exhumar a Franco del Valle de los Caídos.
