Sáenz de Santamaría, fichada por un abogado con 8 delitos fiscales

Emilio Cuatrecasas evitó la cárcel tras pactar con Fiscalía con ella de vicepresidenta

09.02.2020 | 00:10

pamplona - Los dos portavoces del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Íñigo Méndez de Vigo, anunciaron ayer se retiran de la política activa. La exvicepresidenta del Gobierno trabajará en el despacho de abogados Cuatrecasas como socia del área mercantil y el que fuera su sustituto en la portavocía mientras el exministro de Educación se reintegrará al cuerpo de Letrado en las Cortes al que pertenece desde 1981.

La exdirigente del PP, abogada del Estado y miembro del Consejo de Estado formará parte del Consejo de Administración y se incorpora a Cuatrecasas como socia antes de los dos años que prevé la Ley de Incompatibilidades con el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses y podrá mantener el puesto de Consejera del Estado porque no cobra por ello salvo una retribución por asistir a Plenos.

Emilio Cuatrecasas, líder del bufete es un viejo conocido de la crónica judicial barcelonesa. En 2015 este abogado, cuyo despacho es especialista en asesoría fiscal, fue condenado a ocho delitos contra la Hacienda pública. Tras un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado -que entonces dependía de la vicepresidencia del Gobierno que ostentaba Sáenz de Santamaría-, Cuatrecasas aceptó una pena de dos años de cárcel frente a los 20 solicitados -que no cumplió- y una multa de 1,5 millones de euros tras haber devuelto al erario público 4,1 millones, el importe defraudado más los intereses.

En la sentencia de conformidad dictada en 2015, que ayer recuperó elplural.com, se consideró probado que Cuatrecasas defraudó 3,02 millones de euros en los impuestos de IVA (827.590,3 euros), Sociedades (312.887,95), IRPF (775.492,88 euros) y Patrimonio (1.109.787,36 euros), entre los ejercicios fiscales de 2006 a 2008. El acusado devolvió, como paso previo a aceptar la sentencia que le condenaba, toda la cantidad defraudad (3.025.758,54 euros) más unos intereses de 1.107.468,67 euros. El pacto entre los defraudadores y la acusación es habitual, ya que la Fiscalía de delitos económicos prioriza la devolución del dinero a lograr condenas penales de cárcel, mientras que los condenados buscan atenuar la pena y salvarse de la cárcel mediante el pago de las cantidades defraudadas.

El mecanismo por el que se concretó el fraude consistió, informó eldiario.es, en deducir como gastos empresariales el coste de su propia vivienda, segundas residencias, un barco de recreo y su tripulación, que en realidad debían cotizar por los impuestos de Patrimonio, IVA, Sociedades e IRPF. En concreto, la sentencia señala que Cuatrecasas "desarrolló una sucesión de negocios simulados al objeto de eludir la debida tributación de los diferentes impuestos".

El caso arrancó en 2011 con una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona por fraude fiscal contra Cuatrecasas, que inicialmente fue archivada por el juzgado de instrucción, aunque la Audiencia de Barcelona reabrió el caso en septiembre de 2013, al entender que su entramado societario era simulado y sólo perseguía obtener beneficios fiscales.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, recordó a la exvicepresidenta que "no se puede pronunciar o intervenir en situaciones o casos en los que haya podido participar" con anterioridad. Y Podemos destacó que es habitual en el PP que sus políticos se coloquen en el sector privado, pero denunció que "las puertas giratorias son una forma de corrupción legalizada". - D.N. / Foto: E.P.