Aprobado el dictamen de la nueva ley de víctimas de extrema derecha

Este texto sustituye a la ley foral aprobada en 2015 y anulada en gran parte por el Tribunal Constitucional en julio de 2018 al entender que "invadía funciones propias de la jurisdicción penal".

La nueva proposición de ley impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra tiene por objeto "promover el reconocimiento y, en su caso, reparación de las víctimas generadas por la acción violenta de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha, regulando los medios y mecanismos para su consideración como damnificado y, en su caso, beneficiario de los correspondientes derechos de reparación integral".

A tal fin, para restaurar las "vulneraciones de derechos humanos" acaecidas en dicho contexto de "violencia de motivación política", se incluye un procedimiento administrativo con el que, "sin menoscabo del deber de abstención, concurrencia y sujeción a los pronunciamientos judiciales", se pretende "corregir el vacío legislativo que se cierne sobre estas víctimas".

A instancias del PSN, quedan "expresamente excluidas" las personas que resultaran "fallecidas o heridas por la manipulación de armas o explosivos con propósito terrorista", incluida la pretensión de "repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad". La enmienda que así lo dispone ha sido respaldada por UPN y PPN. Geroa Bai se ha abstenido, mientras EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E se han posicionado en contra.

COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN

Sin ánimo punitivo, la ley pretende completar el corpus normativo que rige en la materia para, "sin más exigencia que la de ostentar la condición política de navarro o navarra, facultar el resarcimiento -a nivel administrativo- de las conculcaciones sufridas dentro o fuera de la Comunidad foral, siempre y cuando las mismas no hayan sido objeto de reparación por las instituciones del Estado o de otra comunidad autónoma".

En ese sentido, para otorgar el reconocimiento de víctima y proceder a la homologación de derechos con el resto de afectados por acciones de similar naturaleza, se instaura una Comisión de Reconocimiento y Reparación, que será la encargada de resolver en el plazo de un año los expedientes incoados "al amparo del derecho a la verdad configurado en torno al conocimiento, documentación y aclaración de los hechos y circunstancias".

Cada solicitud dará pie a un informe que deberá ser trasladado en el plazo de un año al responsable de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, quien dispondrá de tres meses adicionales para dictar resolución y un mes para hacerla llegar a la persona interesada. La declaración como víctima podrá implicar, además de asistencia sanitaria, el reconocimiento de indemnizaciones económicas por daños "físicos, o psicológicos y materiales". Se contempla la posibilidad de interponer recursos.

En cada expediente habrá de constar un informe técnico emitido por al menos los dos peritos forenses que formen parte de la comisión, en el que habrán de pronunciarse sobre la compatibilidad del maltrato o lesiones alegadas con los hechos causantes. En los casos acreditados de gran invalidez, incapacidad permanente parcial, total o absoluta (certificado expedido por la autoridad competente), habrán de pronunciarse también sobre el grado de vinculación de las lesiones con los hechos alegados.

DEBATIDAS 26 ENMIENDAS

En el transcurso del debate efectuado en comisión se han discutido 26 enmiendas (cinco in voce), de las que se han aprobadas 12. De ellas, cinco se corresponden con propuestas de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E, otras cinco son del PSN y dos de Geroa Bai.

Tras la aprobación del dictamen, la proposición de ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos será elevada al pleno del día 21 de marzo, para su definitivo debate y votación.