pamplona - El excomisario Villarejo ha optado por ampararse en una supuesta operación policial para ocultar la guerra sucia de la brigada política del Gobierno del PP contra Pablo Iglesias. El excomisario declaró ayer como imputado sobre la documentación que tenía en su poder del líder de Podemos y negó que la obtuviera en el marco de una “operación política” sino de “una investigación policial” y que él “solo” la “vehiculizó” en el ámbito policial. Siempre según Villarejo, esa operación se produjo después de que “la pequeñita”, dijo en referencia la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, alertara que Podemos había subido mucho en intención de voto en detrimento del PSOE, y que había que compensar esta situación. Por ello, manifestó, iniciaron el operativo. Así lo expuso su abogado, Antonio José García Cabrera, en declaraciones a los periodistas que aguardaban su salida tras la toma de declaración a Villarejo como testigo para escuchar su versión sobre la autoría del 11-M.
El juez Manuel García Castellón abrió una pieza separada para investigar la aparición en los registros al comisario de una copia de toda la información contenida en un teléfono perteneciente a Dina Bousselham cuando ésta era asistente de Iglesias en el Parlamento europeo. El volumen y relevancia política del contenido del teléfono hacen sospechar que su sustracción pudiera ser un encargo del Ministerio del Interior de la época.
Aprovechando su traslado ayer a la Audiencia Nacional desde la prisión de Estremera, en la que lleva más de un año interno, el juez del caso Villarejo, que es también el del 11-M, decidió interrogarle, junto a los fiscales del caso Tándem, sobre la documentación robada a Iglesias en 2016. En el marco de esa investigación, que ha dado pie a la apertura de una décima pieza del caso Villarejo, en la que el miércoles el líder de Podemos se personó como perjudicado, el excomisario, según su abogado, aseguró que “no ha revelado ninguna información privada” del líder de Podemos.
“Es una cuestión interna personal y no es una operación política como se ha publicado”, indicó el letrado, que no quiso aportar más datos al estar esta pieza bajo secreto, no obstante, destacó que Villarejo tampoco “ha participado en ninguna campaña” ni ha robado documentos o un pendrive con información de Iglesias. “Lo que hay que preguntarse es de dónde salió ese pendrive y cómo se vehiculizó”, dejó en el aire el letrado.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que, “como ciudadano”, siente “vergüenza” de la utilización de las instituciones con fines “abyectos” y urgió a que se asuman responsabilidades políticas entre quienes dirigían entonces el ministerio. “Ha llegado momento, independientemente de las responsabilidades penales que sean declaradas, de que algunas responsabilidades políticas sean efectivas”, emplazó el titular de Interior que “evidentemente se refería a quienes dirigían” Interior en el mandato de Mariano Rajoy. El líder del PP, Pablo Casado, evitó valorar el caso del móvil de Podemos robado: “No hay informaciones contrastadas”, zanjó. - D.N.
Solo conjeturas sobre el 11-M
Sin datos. El comisario Villarejo ratificó ayer ante el juez la versión que aportó en dos cartas en las que aludía a la implicación de servicios secretos y marroquíes en los atentados del 11-M. Su abogado lamentó que Villarejo no haya podido tener a su disposición el material que le fue intervenido sobre este asunto -notas y grabaciones- y por eso se ofreció al juez para facilitar a los investigadores esa documentación. Fuentes presentes en la declaración calificaron sus manifestaciones sobre el 11-M de “conjeturas” sobre las que no aportó datos objetivos que corroboren su versión y que refirió cuestiones que han sido ya objeto de estudio judicial o están publicadas.
