Cuando justo este jueves 26 de febrero se cumplen tres meses del incendio del bazar chino que el pasado 26 de noviembre afectó seriamente a varias viviendas de Marcelo Celayeta 100 y calle Vidángoz 17 de la Rochapea, el Ayuntamiento de Pamplona, a través del área de Urbanismo y Vivienda, ha requerido a la comunidad de propietarios a que asuman de momento las tareas de consolidación del edificio para evitar una degradación mayor. Los vecinos, preguntados por este periódico, siguen sin poder volver a sus viviendas 180 días después. Son conocedores del requerimiento que les hace el Ayuntamiento, si bien precisaron que, "somos el Plan B", y que antes está la responsabilidad “del dueño del chino”.
En concreto, la resolución de Urbanismo, firmada hace unos días, recoge que, tras el incendio de noviembre pasado, el informe técnico del 26 de diciembre ya concluía que “la reparación de desperfectos en el edificio está contenida en la obligación y el deber de conservación que tienen los propietarios de mantener las “edificaciones en condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato”.
Ante ello, el Ayuntamiento de Pamplona resuelve que, “con carácter preventivo y provisional”, y sin perjuicio de inspecciones posteriores más exhaustivas o informes periciales adicionales, se ordena “mantener la clausura de los edificios” de la avenida Marcelo Celayeta 100 y calle Vidángoz 17, “autorizando exclusivamente el acceso puntual a las viviendas para la recogida de enseres bajo las condiciones indicadas”. En este sentido, se recuerda en la autorización que el vallado “se mantendrá, asegurando un paso perimetral, hasta la revisión y eliminación, en su caso, del riesgo de desprendimiento de posibles partes sueltas en fachada y alero a avenida Marcelo Celayeta 100, que deberá acreditar un técnico competente”.
Obras a cargo de los propietarios
El área municipal además resuelve instar “ a los propietarios del edificio, en base a sus deberes sobre mantenimiento y conservación de sus viviendas, locales y edificio”, a la “realización de obras de consolidación y seguridad estructural y funcional, mediante los apeos necesarios y refuerzos”.
Además, “en el plazo de una semana” (la resolución es de hace dos semana) deberán “iniciar los trabajos de retirada de escombros y limpieza general”, y, asimismo, “reponer un adecuado cerramiento de los huecos de fachada afectados que han quedado abiertos, así como la revisión de las fachadas y eliminación de cualquier riesgo pro desprendimiento de cascotes u otros elementos”.
En 1 mes se dará de alta la luz y el agua
El área de Urbanismo quiere garantizar la seguridad de la zona y, por ello, espera que, conforme se asegure el cerramiento de la fachada y se alcancen las medidas adecuadas, “en el plazo de un 1 mes se iniciarán los trabajos de puesta en servicio” del suministro eléctrico, el agua, saneamiento, gas, etc. En ese momento, podría valorarse el “levantamiento del desalojo actual” y que volvieran a sus viviendas los propietarios de plantas elevadas, “a excepción de las ubicadas en la planta 1ª (letras A, B, C y D) de la avenida Marcelo Celayeta y en planta 1ª (A) de calle Vidángoz, 17. Estas últimas, así como el local de planta baja, no podrán ser ocupadas, según calculan los técnicos del Ayuntamiento, hasta un “plazo máximo de 6 meses”, en las debidas condiciones de habitabilidad y seguridad estructural.
La resolución municipal concluye además “apercibir” a los propietarios del citado inmueble “que de no efectuar las actuaciones y obras requeridas”, el Ayuntamiento podrá actuar en ejecución sustitutoria “a partir del día siguiente en que venza el plazo” girándose las tasas por importe “equivalente al 132% de los gastos”. Asimismo, la inejecución de las obras en el plazo indicado puede suponer incoación de expediente sancionador “con multa de entre 300 y 6.000 euros”, se detalla en la resolución de Urbanismo.
Pilar Casas, vecina: “20 personas seguimos sin poder ir a casa”
Pilar Casas, vecina afectada, confirma que 20 personas (16 de Marcelo Celayeta y 4 de Vidángoz) siguen sin ir a sus casas, porque “aún no han desescombrado”. Respecto al requerimiento municipal, señala que son conocedoras, si bien remarca que “somos el plan B, porque antes debe ejecutar el chino”.
