pamplona - Los representantes del Foro Social Permanente Fernando Armendáriz, Expe Iriarte y Tasio Arrizabalaga entregaron ayer a la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez, el informe de conclusiones del encuentro celebrado el 16 de marzo en San Sebastián entre “víctimas de distintas violencias practicadas desde estamentos oficiales” y miembros de las entidades que conforman la organización. Todas ellas coincidieron en expresar que se han sentido “absolutamente discriminadas” por parte de las instituciones en general y que han sido “tratadas como si fueran de segunda categoría, y exigen “el derecho a conocer la verdad.

En líneas generales, estas víctimas, que en la mayoría de los casos no has tenido ningún reconocimiento, no priorizan la reparación económica que pudieran recibir por indemnizaciones. Para ellos, lo imprescindible y reparador es “el reconocimiento público de la verdad” y que las responsabilidades sean asumidas por los victimarios y los estamentos oficiales que impulsaron o permitieron dicha violencia.

cinco navarras Al mencionado encuentro en la capital donostiarra acudieron 18 de estas víctimas, cinco de ellas de cuatro casos navarros.

Se trata de los familiares de Germán Rodríguez, José Miguel Etxeberria Naparra, Mikel Zabalza y Ángel Berroeta, cuyos casos “responden a una extensa casuística: los sucesos de Sanfermines de 1978, desaparición forzosa, tortura con muerte, y asesinado por un vecino agente de la Policía Nacional.

En definitiva, son víctimas que “están viviendo una doble victimización, porque sobre ellas se expandió un manto de sospecha y porque se han sentido abandonadas por las políticas públicas”, indicaron en una nota desde el Parlamento.

El Foro Social Permanente considera que la sociedad navarra “no aceptará que nunca más ninguna víctima se sienta discriminada”. En este sentido, Fernando Armendáriz y Expe Iriarte subrayaron que en el reciente encuentro de estas víctimas del que se sacaron las conclusiones “la palabra que más sonó fue la de verdad como elemento sanador de tantos años de sufrimiento doblemente ignorado, doblemente injusto: primero por ser víctimas y luego por ser víctimas sobre las que un manto de sospecha ha impedido que se les reconociera”.

Pese a que en algunos casos han transcurrido 40 años desde los hechos, Armendáriz desveló que los familiares “siguen teniendo esa espina clavada del reconocimiento como víctimas”. “No son otra cosa y no piden otra cosa; creemos que a igual sufrimiento, a igual victimación, corresponde igual reconocimiento, igual verdad, igual justicia”, añadió Armendáriz.

364

víctimas mortales. La Fundación Egiari Zor, tomando como fuente de información prioritaria los datos del Gobierno Vasco y de la Fundación Egiari Zor, calcula que 364 personas han fallecido por violencia directa o auspiciada por estamentos oficiales.

Los fallecidos

219 a manos de agentes del Estado

78 por la guerra sucia (GAL, BVE, etc)

63 por medidas excepcionales como dispersión y condiciones penitenciarias

4 por ataques fascistas

82

reconocidas. De las 364 víctimas de estamentos oficiales, solo 82 han recibido algún tipo de reconocimiento, lo que representa el 22,5% del total. Además, cuatro de ellas siguen desaparecidas a día de hoy.