pamplona - La derecha está centrando sus propuestas para el 28-A en recortar el autogobierno y estrechar la vigilancia sobre la educación en las escuelas, sobre todo en las aulas catalanas, recuperando el viejo mantra del adoctrinamiento nacionalista. La irrupción de la ultraderecha de Vox y el afloramiento de los sectores más duros del nacionalismo español tras la crisis catalana está escorando aún más los planteamientos del PP y Ciudadanos. Los populares se reafirmaron ayer en todo lo dicho sobre el parón de las transferencias y el papel de las fuerzas de seguridad, y exigieron también que los cargos electos juren la Constitución sin las habituales coletillas del nacionalismo vasco y catalán sobre el “imperativo legal”. Cs pidió enseñar la Constitución en todas las escuelas del Estado, y que la prueba de Selectividad sea única. La Constitución salió ayer a relucir por boca de la derecha española que, sin embargo, obvia al mismo tiempo el bloque constitucional vulnerando el reparto de competencias y apostando por no transferir las materias pendientes que se recogen en el Estatuto.
Por un lado, el popular Pablo Casado presentó ayer en Barcelona su programa con 500 medidas, donde el primer punto se refiere al “fortalecimiento de la nación”, reitera la moratoria en las transferencias, y se anuncia una reforma legal para asegurar la “coordinación” de las policías autonómicas con las fuerzas de seguridad estatales. Se evitan términos espinosos como la “prevalencia” de las policías españolas sobre la Ertzaintza y los Mossos, pero se habla claramente de reforma legal y se desconoce con qué alcance se abrirá esa caja de pandora. Sobre la lengua, tras apostar por el castellano en la escuela, matiza que se respetarán los casos donde la lengua cooficial sea vehicular. Sobre otros asuntos que no tienen que ver con el modelo territorial, como el aborto o la corrupción, se pasa de puntillas.
Desde Cs, Albert Rivera centró su ofensiva en la educación. Propuso una asignatura troncal y obligatoria en todo el Estado que se llame “Constitución española”, y que exista una prueba de Selectividad única e idéntica en todo el territorio estatal, lo que supondría pasar por alto que las autonomías tienen transferida la competencia educativa. La idea de la prueba final única supone el paso decisivo para asegurarse un control total del sistema educativo. Sus propuestas tienen un influjo claro de la reforma del exministro Wert, del PP, quien se había propuesto “españolizar a los alumnos catalanes”. Rivera retoma su modelo: “¿Qué sentido tienen 17 sistemas de evaluación? Quien tenga miedo a un sistema igual para todos, a lo mejor no está haciendo las cosas bien o está haciendo trampas”.
Casado escogió Barcelona para presentar su programa. Aunque proclama que el PP se reafirma en el modelo autonómico, todo lo que viene a continuación es una enmienda de ese sistema. Plantea una reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para “reforzar la necesaria coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas”, y promete garantizar “la intervención en condiciones de plena operatividad en todo el territorio nacional” de esos cuerpos, así como ampliar su infraestructura para afrontar “desafíos”. Además, anuncia una ley de símbolos para agravar las sanciones contra quienes no coloquen la bandera española en los edificios públicos, o no cuelguen el retrato del rey en el salón municipal de plenos.
También reabre la polémica de la jura de la Constitución de los cargos al tomar posesión del escaño. Electos vascos y catalanes e incluso políticos del ámbito de Podemos e Izquierda Unida han utilizado la coletilla del “imperativo legal” para hacer constar su distancia con la Constitución aunque tuvieran que acatarla por obligación para entrar al Congreso. La fórmula es legal y la avaló el Tribunal Constitucional. Casado, no obstante, promete una iniciativa legislativa “para garantizar el correcto cumplimiento del requisito, prohibiendo cualquier variación o añadido que desnaturalice o vacíe de contenido dicho acto de acatamiento”.
Desde Cs, Albert Rivera volvió a las esencias de su partido y prometió una prueba de Selectividad única en todo el Estado y, paradójicamente, es este mismo candidato, que critica el adoctrinamiento, el que propone una asignatura meramente política que gira en torno a una Constitución con pocas adhesiones en Catalunya, que en el momento de su aprobación fue respondida con una abstención abrumadora en suelo vasco, y que la izquierda reconoce que hay que reformar.
Rivera argumenta que su objetivo es que “los principios y valores de nuestro Estado social y democrático de Derecho se enseñen y aprendan en todos los colegios de España”. “Si a alguien le molesta esta asignatura, tiene un problema con la democracia. No entiendo que nadie se pueda oponer a que su hijo estudie las leyes que nos hemos dado entre todos los españoles”, dijo. Se enseñarían la economía de mercado, la Constitución y los estatutos. También propuso reforzar la alta inspección estatal.
155 duro El PP, por su parte, quiere que solo sean oficiales los actos administrativos que se comuniquen, al menos, en castellano, de manera que ningún ciudadano pueda ser sancionado si no recibe la notificación en español. Las placas urbanas tendrán que estar escritas también al menos en castellano. Propone ampliar los medios materiales y humanos de las delegaciones del Gobierno español en las comunidades impulsar leyes a favor de la unidad de mercado, y aplicar el artículo 155 en Catalunya “por el tiempo que resulte inexcusable” y con especial atención a educación, prisiones, medios de comunicación y Hacienda.
