pamplona - Al Gobierno de Navarra le hubiese gustado no tener que hacerlo, como indicó ayer la portavoz del Ejecutivo, María Solana. Pero ayer pidió, tras su consejo semanal, defender el autogobierno y el régimen foral en vistas de un panorama electoral en el que el frente de derechas -dividido entre UPN, PP y Ciudadanos y Vox- aboga por eliminar el Convenio Económico, la principal herramienta de gestión de los recursos públicos con la que Navarra mantiene sus cotas de bienestar social.

Fue la respuesta que dio la portavoz y consejera de Educación tras conocer que Ciudadanos, socio electoral de UPN tanto para las generales del próximo 28 de abril como para las forales del 26 de mayo, plantea en el undécimo punto de su programa político la abolición del sistema de negociación bilateral entre Navarra y el Estado para fijar la aportación del Convenio Económico, o lo que es lo mismo: que Navarra pierda su derecho constitucional a negociar, de igual a igual con el Gobierno central (con el mismo número de delegados y con sus propios técnicos de Hacienda), la cantidad de millones que debe aportar al Estado por las competencias no asumidas por la Comunidad Foral.

Fuera por desidia o por la cercanía de las elecciones, en 2014 UPN dejó pasar la negociación del Convenio con el Estado y la cifra fue encareciéndose hasta los 626 millones que el Gobierno reclamó a Navarra en 2017. Tras dos años de negociaciones que empezaron al poco de entrar al Palacio de Navarra en 2015, el actual Ejecutivo, con el consejero Mikel Aranburu a la cabeza, consiguió cerrar el 27 de diciembre de 2017 un acuerdo por el que se fijaba la aportación del año base en 480 millones anuales hasta 2019 y la recuperación de 215 millones que se habían estado pagando de más por la falta negociadora de UPN.

el gobierno pide estar “atentos” Quién sabe si por ese logro del Gobierno foral, la derecha decidió entonces comenzar una campaña nunca antes vista de descrédito del Convenio, con insinuaciones de opacidad e insolidaridad a las que ahora se ha sumado UPN en virtud de su pacto electoral con Ciudadanos y PP. Y eso, con unas derechas que pueden gobernar en España tras el 28 de abril y con la negociación de la próxima aportación en 2020, tendrá consecuencias. Pero es que paradójicamente, como ya recordó hace dos semanas el consejero Aranburu, todas las críticas hacia el Convenio coinciden con la etapa en la que la negociación ha sido más transparente. Se han publicado las actas de las reuniones, las cifras concretas en una web abierta, se han celebrado jornadas y hasta se ha editado un libro.

Pero a los socios de UPN, los autoproclamados constitucionalistas que obvian que el Convenio está blindado en la disposición adicional primera de la Carta Magna, les da igual. Siguen alimentando la tesis de que el cálculo es opaco, arbitrario e insolidario, y que por tanto Navarra es una comunidad egoísta. “Ciudadanos se refiere a Navarra como una comunidad insolidaria, privilegiada; una sociedad aventajada en cuanto que tramposa, porque es lo que quieren hacer ver”, lamentó ayer Solana, quien dijo que al Gobierno le “preocupa” que UPN tenga “un acuerdo firmado” con quienes sostienen su aversión al Convenio “todos los días. Nos gustaría no tener que hacerlo, pero en esta situación entendemos que el autogobierno de Navarra hay que defenderlo, y que hay que estar atentos porque hay quien quiere eliminar una bilateralidad que existía ya no sólo antes que Ciudadanos, sino que UPN”, concluyó.