Aquel 7 de julio de 2016, Pamplona despertó consternada por la noticia de la detención de cinco jóvenes andaluces acusados de haber violado en grupo a una chica madrileña. Casi no habían empezado aquellos Sanfermines y ya se había registrado la primera agresión sexista de las fiestas. Las circunstancias en las que se produjo, el desvalimiento de la víctima y el hecho de tratarse de un ataque grupal nunca visto en Pamplona hicieron que pronto el suceso cruzara las fronteras de Navarra y se hiciese eco en los medios de todo el Estado.

También las instituciones lo denunciaron de inmediato y el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona ejercieron la acusación popular en el juicio y encabezaron la batalla judicial por limpiar también el nombre de las fiestas. Asimismo, la ciudadanía rechazó lo ocurrido de forma rotunda desde el primer momento y supo mantener el pulso volviendo a llenar las calles cuando en abril de 2018 la Audiencia de Navarra condenó a los agresores por abuso y no por agresión sexual, o cuando en junio los dejó en libertad provisional.

En el fallo, que no contentó a la víctima y tampoco a la inmensa mayoría de la sociedad, se condenó a nueve años de prisión a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual con prevalimiento en lugar de por una agresión sexual, al entender que los hechos no ocurrieron mediante la violencia o mediante amenazas que ejercieran intimidación, sino que se produjo una situación de superioridad, lo que, según la Audiencia Provincial, se ajustaba más al agravante de prevalimiento. Tras ello, la presión mediática y social, especialmente de un movimiento feminista en auge, desencadenaron un debate generalizado en torno al sistema judicial y más concretamente sobre cómo se recogen los delitos sexuales en el Código Penal.

Así, poco después, el entonces Gobierno del PP encargó a un grupo de expertos estudiar una reforma del capítulo dedicado a los delitos sexuales en el Código Penal. Una tarea que cogió como testigo el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez que trabajó en un anteproyecto de ley para modificar el Código Penal pero que no pudo materializar ante el adelanto electoral. No obstante, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró el pasado 8 de mayo que la reforma es una “prioridad” del Gobierno, por lo que podría llevarse a cabo en los próximos meses si, como todo apunta, Pedro Sánchez consigue formar un Ejecutivo.

agresión en grupo: violación En concreto, el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia está basado en el informe elaborado por la comisión de expertos que propuso un texto para hacer frente a las agresiones en grupo. Así, los juristas acordaron que “la actuación conjunta de dos o más personas” será un agravante que eleve la pena de cualquier delito sexual a la que se aplica cuando hay violencia o intimidación.

Asimismo, los expertos decidieron eliminar definitivamente del Código Penal el término “abuso sexual” y que todos los delitos contra la libertad sexual se engloben bajo el epígrafe de “agresiones sexuales”. De esta manera, entre las agresiones, la más grave sería la violación, definida como una agresión con penetración y violencia o intimidación. Además, si la penetración se produce en grupo, se considerará penalmente igual que si se hubiera actuado con violencia o intimidando a la víctima.

Aunque el dictamen de los expertos no era vinculante para el Gobierno, el texto del anteproyecto recoge la base de lo expuesto por los juristas y plantea eliminar el delito de abuso sexual así como suprimir las penas de multa para los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, sustituyéndolas por penas de cárcel. Así, de materializarse la reforma, el “abuso sexual” pasaría a estar catalogado como “agresión sexual” y “violación” en el caso de que exista penetración sin consentimiento.

la reforma no afecta al caso Aunque la reforma del Código Penal no influirá en el proceso judicial de La Manada -que en junio va a ser revisado y puede ser agravado por el Tribunal Supremo-, de haberse realizado este cambio antes de los hechos, la agresión cometida en los Sanfermines de 2016 ya no podría considerarse abuso -como sostuvo la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra y ratificó el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad- sino violación.

La reforma servirá para tipificar así posibles casos venideros en los que las penas previstas para los delitos sexuales se ajustan a la gravedad de los hechos. Así, se elevará a 3 años el límite mínimo de un año que hasta ahora se establecía para la sanción del delito básico de agresión sexual. También se suprimirá la pena alternativa de ‘multa de 18 a 24 meses’ que ahora se establece en el tipo básico del delito de abusos sexuales.