pamplona - Esta vez no ha sido la Justicia europea sino la propia ONU la que ha puesto en evidencia al Estado español sobre el maltrato a los presos de ETA en el calabozo de la Guardia Civil de La Salve (Bilbao) y en Madrid. El Comité de Derechos Humanos de la organización internacional ha dictaminado que el etarra Gorka Lupiañez sufrió torturas durante su estancia en el calabozo tras su arresto en 2007.
La instancia de la ONU con sede en Ginebra está formada por un grupo de 18 expertos independientes y en su último informe reseña que “España ha violado los derechos humanos” de Lupiañez, por lo que insta al Estado a garantizar justicia y reparación para el demandante, que fue condenado el pasado abril a 50 años de prisión por el secuestro de una familia y otros delitos. Asimismo, el Comité pide a España que cese las detenciones en régimen de incomunicación, “que crean un contexto más propicio a la tortura”.
Lupiañez -condenado previamente a 11 años de prisión en 2009 por pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y delito continuado de falsedad de documento oficial- denunció ante el Comité de Naciones Unidas al Estado español en junio de 2015.
Según su testimonio, los hechos denunciados se iniciaron en diciembre de 2007, cuando agentes de la Guardia Civil lo detuvieron en Berriz al comprobar que iba armado con un revólver. En su relato, el miembro de ETA denunció que éstos y otros agentes le sometieron durante ocho días a malos tratos y torturas tanto en el cuartel en La Salve como en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y en los consiguientes traslados.
En su testimonio Lupiañez narró haber sido víctima de palizas, pinchazos en la columna vertebral, intentos de ahogamiento con bolsas de plástico en su cabeza, privación de sueño, amenazas de muerte y otros abusos. La Guardia Civil defendió en su día que estas denuncias eran falsas.
España argumentó que “el régimen de incomunicación siempre se realiza con control judicial y está sujeto a supervisión médica diaria del detenido”, según el dictamen hecho público. A ello agregó que denuncias de este tipo constituyen “una práctica habitual” de ETA” y que no se podía establecer ninguna violación de sus derechos.
El miembro de ETA llevó su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidió “no admitir” su demanda, por lo que España pidió al Comité que procediera de igual manera. Las autoridades españolas defendieron ante la instancia de la ONU que Lupiáñez fue “tratado de forma correcta” y “reconocido a diario por un médico forense” que no encontró huellas de las vejaciones que ha denunciado.
Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos admitió el testimonio de Lupiáñez y recuerda que “la tortura no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por motivos de seguridad nacional”, en palabras de la experta Tania Abdo Rocholl, una de los miembros del Comité.
El grupo de expertos también insta a que las denuncias de tortura sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial por las autoridades competentes, y pide a España que tome medidas legislativas para poner fin a la detención en régimen de incomunicación.
El Comité dijo que espera que España le informe en un plazo de 180 días sobre las medidas que va a tomar en respuesta a su dictamen, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles. - D.N.
