La ONU reclama a España la libertad de los políticos presos

Un reconocido comité de expertos tacha de “arbitraria” la prisión de Junqueras y ‘los Jordis’

09.02.2020 | 12:21
Sánchez saluda a Oriol Junqueras en la sesión constitutiva de las Cortes.

pamplona - "Ya tienen ustedes una resolución de la ONU. Espero que cumplan". Así se expresó ayer Quim Torra dirigiéndose al PSC, al Gobierno de Pedro Sánchez y al Estado español tras conocer el informe de un grupo de trabajo de la ONU que califica de "arbitraria" la prisión preventiva de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, reclamando su libertad y que se les indemnice. El documento supone un respiro para el independentismo después de que Estrasburgo avalara la suspensión del pleno del 9-O en el que se iba a declarar la secesión y que frustra la estrategia de internacionalización del procés.

Este Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias, mecanismo de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, explicó en una comparecencia de prensa desde Londres que la reclusión a la que están sometidos los tres imputados vulnera los derechos humanos y pide al Ejecutivo español que proceda a su liberación. De hecho, el abogado Ben Emmerson, letrado de los políticos soberanistas, advirtió de que España puede afrontar una "corriente de condena de la comunidad internacional" si persiste en tenerlos encarcelados. En su resolución, este grupo insta a que la liberación se produzca "sin dilación", concediéndoles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otro tipo de reparación en virtud del derecho internacional, exigiendo al Gobierno socialista a que ponga en marcha una "investigación exhaustiva e independiente" de las circunstancias en torno a la "privación arbitraria" de la libertad de los imputados y que "adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos".

El grupo de trabajo de la ONU invita al Gabinete de Sánchez a que le informe de las dificultades que pueda encontrar en la aplicación de las recomendaciones formuladas y que le indique si necesita asistencia técnica adicional, como puede ser una visita del citado comité, que da seis meses de plazo para recibir esa información aunque se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si detectan nuevos motivos de preocupación en relación a este asunto.

Emmerson, experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos, vinculó la conclusión del grupo de la ONU con la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que España es firmante. "La marea de condena de la comunidad internacional aumentará muy rápidamente si España no cumple ahora con sus obligaciones en materia de Derecho Internacional. Esta no es una cuestión de elección sino una cuestión de obligaciones legales", avisó el letrado, para quien si el Estado hace oídos sordos, "no tendrá ya el derecho de ser una democracia gobernada por el Estado de Derecho". Por su parte, Torra valoró positivamente cómo "la democracia española está sufriendo severos ataques por parte de diferentes organismos internacionales". Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario de ERC, demandó al Estado que cumpla con lo dictado por los expertos de la ONU. "La prisión preventiva es injusta, desmesurada, desproporcionada y vulnera los derechos humanos", dijo. "¿España formará parte de ese 5% de países que no cumplen con la ONU?", zanjó.

Este grupo, creado en 1991, lo forman cinco expertos: el mexicano José Guevara Bermúdez (presidente), la australiana Leigh Toomey (vicepresidenta), la letona Elina Steinerte, el surcoreano Seong-Phil Hong (Corea del Sur) y Sètondji Adjovi, de Benin. En el pasado contó con juristas internacionales como Manuela Carmena, quien desarrolló su labor entre 2007 y 2009.

fiscalía mantiene la rebelión Tras la resolución de la ONU, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, exigió a la Fiscalía que retire las acusaciones contra los líderes soberanistas juzgados que pida "de inmediato" su puesta en libertad. Torra hizo una declaración institucional para valorar el informe y anunció que el próximo viernes convocará una reunión extraordinaria del Consell Executiu para aprobar una petición formal de retirada de acusaciones y puesta en libertad a la Fiscalía Superior de Cataluña, para que la remita a la Fiscalía General del Estado.

El Gobierno ha desacreditado el informe, que además ve "especialmente grave" en un momento como éste porque podría ser interpretado "como una interferencia en un proceso penal en marcha". Fuentes del Ejecutivo criticaron el documento de la ONU y cuestionaron su imparcialidad por considerar que sus redactores no saben los delitos de los que están acusados los dirigentes independentistas, por creer que en España es legal la convocatoria de un referéndum independentista y porque "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes ni la independencia judicial".