pamplona - El juicio del procés llega al medio centenar de jornadas sin sorpresas, con una Fiscalía que elevó la voz al hablar de “insurrección” y una Abogacía que marcó distancias en su defensa del delito de sedición al asegurar que la violencia no fue un “elemento estructural” para la independencia. El Ministerio Público, centrada en probar el delito de rebelión, fue, sin embargo, tajante al manifestar que el procés fue “un golpe de Estado” articulado a través de “una insurrección” que trató de liquidar la Constitución por medio de una “violencia suficiente” promovida por los líderes independentistas, que actuaron como “una organización criminal”.
El tribunal escuchó ayer los alegatos finales de las acusaciones con relatos cruzados entre la Fiscalía, que aprecia una violencia “evidente” para respaldar la rebelión, y la Abogacía del Estado -dependiente del Gobierno--, que defendió la existencia de un delito de sedición, dado que “no se puede considerar probado que la violencia haya sido un elemento estructural” del plan llevado a cabo por los acusados. Tanto es así que los cuatro fiscales no solo dedicaron esfuerzos a ampliar el concepto de violencia para apuntalar la rebelión sino también a desvirtuar la sedición, términos que invirtió la abogada del Estado dando lugar a una paradójica situación en la que ambas partes entraron en conflicto corrigiendo y arremetiendo contra los argumentos del otro.
La Fiscalía insistió en que hubo “violencia física, compulsiva e intimidatoria”, que atribuyó a los acusados por desoír las advertencias de la cúpula de los Mossos al Govern y por “incitar a los ciudadanos a enfrentarse, a defender los colegios y a oponerse a las fuerzas de seguridad”. Su responsabilidad se materializa en los 1.093 heridos del 1-O, de manera que la Fiscalía no deslinda, como hacen las defensas, los 93 agentes lesionados de los 1.000 civiles heridos.
ley La violencia solo fue, en su opinión, la herramienta final para culminar el “golpe del Estado” que se consumó el 27 de octubre con la proclamación de independencia, momento en que “la Constitución queda derogada de hecho y de derecho en Cataluña”. Dicho de otro modo, se perpetró “la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales”, lo que supone “un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público, por eso no puede ser una sedición”, dijeron los fiscales.
A su juicio, “ninguno de los acusados ha querido asumir responsabilidades”, que se reparten en tres pilares, ejecutivo, legislativo y social, que funcionaron como una “organización criminal” cuyo liderazgo, en ausencia del expresident Carles Puigdemont, ejerció su vicepresidente Oriol Junqueras, a quien se refirió como el “motor de la rebelión”. Junqueras se mantuvo impasible, concentrado en sus notas. No se inmutó cuando el fiscal dijo que formó parte del “sanedrín” del procés ni cuando le atribuyó conocer y aceptar una violencia que, según la Fiscalía, colma el delito de rebelión que le imputa y por el que se enfrenta a 25 años de cárcel.
Dejando al margen la malversación, la Abogacía trató de desvirtuar la violencia “como un instrumento nuclear” al no ser “idónea, suficiente o proporcionada” para sus fines. Lo que hizo la abogada del Estado Rosa Seoane durante parte de la hora y media de su intervención fue enterrar jurídicamente la rebelión en favor de la sedición como nunca antes se había visto en el juicio, lo que fue bien recibido por algunas defensas, que creen que les ha hecho parte del trabajo para combatir a la Fiscalía. Sostuvo Seoane que los acusados participaron “de forma absolutamente predeterminada y organizada” en un “alzamiento público y tumultuario que tuvo lugar” el 1-O, es decir, no hubo violencia pero sí la fuerza que requiere la sedición en las “concentraciones masivas de personas dotadas de cierta organización”, preparadas para “impedir la aplicación de la ley”.
Vox, que ejerce la acusación popular, cerró la jornada con un informe centrado en probar la existencia de una organización criminal entre todos los “golpistas”. A sus letrados les bastó 45 minutos, la mitad de su tiempo, para pedir “una sentencia que tenga una finalidad de castigo y disuasoria”. En una semana, la respuesta de las defensas en un juicio que entra en su recta final. - D.N.
El Post-it
Menos tiempo. Las defensas se han quejado del tiempo que les ha dado el tribunal para exponer sus informes el próximo martes. Frente a las cuatro horas que ha tenido la Fiscalía, ellas tienen una hora por acusado, según un acuerdo al que llegaron todas las partes con el tribunal, cuyo presidente, Manuel Marchena, no consideró justo modificar su decisión. “Usted estaba encantado”, le recordó al letrado Jordi Pina, que tiene tres horas para hablar, una por cada defendido, antes de dar por zanjado el asunto.
