pamplona - La portavoz del Gobierno de Navarra en funciones, María Solana, se reafirmó ayer en “la necesidad y la bondad” del decreto del euskera en la Administración y defendió que “se ajusta mucho más a la realidad” de la Comunidad Foral.

Declaraciones de Solana en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno al ser preguntada por el pleno urgente solicitado por Navarra Suma para debatir la derogación del decreto del euskera y también la devolución de las retenciones de IRPF en los permisos de maternidad. Un movimiento que la derecha realizó el pasado lunes con la intención de poner de relieve las diferencias que el PSN puede tener con Geroa Bai, Podemos e I-E y entorpecer así las negociaciones para formar un gobierno alternativo a la derecha.

Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo foral quiso señalar que la proposición de ley sobre el decreto del euskera presentada por Navarra Suma “pone en solfa un decreto de este Gobierno” y se reafirmó en “la necesidad y la bondad del decreto que se ha venido poniendo en cuestión durante todo el proceso, desde el mismo momento en que se decide derogar el de 2003 y nos pusimos a trabajar en uno que se ajuste mucho más y mejor a la realidad navarra”.

Ademas, recordó que el decreto “está recurrido” y que están “pendientes de sentencias y respuestas por tanto del tribunal”. Y consideró que es “importante” esperar a ver qué dice la justicia, “si cree que es ajustado a norma y que no vulnera ningún derecho, o por contra considera que hay que suspenderse alguno de sus puntos”.

“Lo razonable sería esperar, en este caso no tendría mucho sentido hacer ninguna otra cuestión. No, en tanto llegue otro Gobierno y entonces tome la decisión que considere oportuna”, sostuvo.

Precisamente Solana también valoró la entrada del futuro nuevo gobierno que considera se debe dar “cuanto antes”, de “manera ordenada” y que “cuente con el respaldo de la mayoría a poder ser”. En este sentido, informó de que el actual Ejecutivo en funciones está trabajando ya en el traspaso de poderes con la “obligación y deber” de garantizar que la Administración pueda funcionar con “todas las garantías”. - Z.G.