UPN, PP y Vox votan contra la regularización de migrantes planteada por Sánchez

Los votos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin han permitido sacar adelante el texto, que ha brindado un debate con posiciones encontradas. El bloque progresista ha celebrado la regularización de personas migrantes y ha señalado que el antecedente de 2005, cuando el Gobierno de Zapatero acometió una regularización similar, contribuyó a un aumento de afiliados a la Seguridad Social y a un incremento de la recaudación por IRPF. Además, han defendido que la regularización es una cuestión ética y una forma de posibilitar que quienes ya viven y trabajan de forma irregular (unas 10.000 personas) en Navarra gocen de todos los derechos y dejen de vivir en la clandestinidad.

Eso sí, Geroa Bai, principal socio del PSN, ha criticado que la fórmula escogida haya sido el real decreto, ha echado en falta más sosiego y que la medida se llevara a las Cortes, así como que la iniciativa tenga un marcado carácter político al considerarla un “guiño” a Podemos.

La derecha ha rechazado la moción con distintos argumentos. UPN ha afirmado que apoya la regularización de inmigrantes, pero no tal y como está planteada. El PP ha considerado que esta iniciativa es una “cortina de humo” para tapar otros asuntos, como el accidente de Adamuz. Vox ha aludido a la teoría del reemplazo.

De "ética" a "cortina de humo"

La moción la ha defendido Olga Chueca (PSN), quien ha apelado a una “exigencia ética” y ha defendido que no se puede sostener una comunidad “si una parte de los que la sostienen viven sin plenos derechos”. También ha citado al escritor Sergio del Molino, que defiende acoger a los migrantes “porque nosotros podemos serlo un día” y que olvidarlo supone “convertir en monstruos a los extranjeros”.

Javier Arza (EH Bildu) ha recordado que “llevan 20 años sin un proceso de regularización” y que tampoco se había producido con Pedro Sánchez “hasta ahora”. Ha expresado su preocupación por “el colapso de la oficina de extranjería” y ha reclamado la “transferencia de competencias sobre migraciones”.

Javi Ollo (Geroa Bai) ha mostrado discrepancias “con las formas” y ha criticado que se haya aprobado el proceso “a través de un real decreto por un guiño a Podemos”, sin pasar por el legislativo ni contar con todos los grupos que han apoyado la legislatura. A su juicio, una medida de estas características merece pasar por el legislativo y buscar “un consenso no sencillo, pero sí necesario”.

Desde Contigo Zurekin, Daniel López Córdoba ha considerado que la moción “ha servido para que algunos se hayan retratado para justificar lo injustificable, el racismo”.

Ha defendido que las personas en situación irregular “viven entre nosotros, tienen todas las obligaciones y ningún derecho” y que son explotadas porque saben que “no denuncian”. Ha negado que haya habido “efecto llamada” en procesos anteriores y ha asegurado que en los últimos procesos se han incrementado las afiliaciones a la Seguridad Social y ha aumentado lo recaudado por IRPF. Ha reclamado firmeza ante mensajes alarmistas y ha criticado que no se hayan lanzado esos mensajes “contra los extranjeros con pasta”.

Ha indicado que el 21% de la población navarra es de origen extranjero, sin contar segundas generaciones, y ha sostenido que “no ha habido sociedad que haya progresado sin inmigración”.

Cristina López Mañero (UPN) ha afirmado que se ha tratado de una iniciativa “política sin orden ni control”. Ha señalado que en España hay 800.000 personas en situación irregular y ha considerado que hay que actuar, pero “de forma responsable”, rechazando las “políticas de acogida sin límites”.

UPN no ha compartido el texto “tal y como está” y ha advertido de que “mucho tiene que cambiar” para modificar su posición. Ha criticado el uso del real decreto para “hurtar el papel al Parlamento” y ha apuntado que la medida ha buscado “desviar la atención”.

Ha planteado dudas sobre los antecedentes penales, la seguridad y el criterio para determinar que una persona “no representa una amenaza”. Ha alertado de un “colapso en la gestión administrativa” y ha señalado que la regularización “ha sido solo un parche”.

También ha defendido la necesidad de revisar órdenes de expulsión pendientes, introducir cambios en el reglamento, facilitar la acreditación de títulos y permitir que quienes han llegado y han encontrado empleo puedan trabajar lo antes posible, mejorando así su calidad de vida. “No se cuestiona la aportación de las personas, lo que se cuestiona es la política migratoria de Sánchez”, ha añadido, al considerar que la medida, aislada y sin vinculación al empleo, “no es adecuada ni ha sido la solución”.

Irene Royo (PP) ha sostenido que la regularización ha sido “una cortina de humo para desviar la atención de las tragedias” y ha afirmado que se ha hecho para “tapar la crisis de la que no han querido hablar”.

Ha rechazado el modelo “masivo” y ha defendido regularizaciones “caso por caso”. Ha considerado que la medida ha sido ilegal porque “no ha pasado por el Congreso y ha excedido el poder del Ejecutivo”.

Ha asegurado que no se ha podido regularizar sin reforzar fronteras ni verificar antecedentes penales de forma homogénea. Ha alertado de que 550.000 personas en situación irregular reciben ayudas y de que los servicios de salud están colapsados, y ha sostenido que se ha puesto en riesgo la seguridad al plantear una regularización que ha rebajado los controles.

Desde Vox, Emilio Jiménez ha afirmado que la regularización “ha sido humo para distraer” y la ha vinculado a la intención de “tapar el escándalo de Adamuz”.