madrid - El juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, sospecha que la cúpula del BBVA consintió la contratación del excomisario José Villarejo para tareas de información y espionaje, en vista del “beneficio personal y empresarial” que le podían reportar.
En un fragmento del auto de imputación al BBVA, el magistrado ve necesario determinar si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito o si, por el contrario, “la ausencia de mecanismos de control” y “la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial” fueron “medios de los que el banco pudo haberse valido para facilitar la contratación” de Villarejo.
Todo ello, dice el juez, presuntamente “consentido por la cúpula del propio banco” por “el beneficio personal y empresarial” que le reportarían esos servicios del excomisario.
BBVA anunció ayer el nombramiento de Ana Fernández Manrique como responsable del área de Regulación y Control Interno, un puesto hasta ahora ocupado por el pamplonés Eduardo Arbizu, una persona muy próxima al expresidente de la entidad Francisco González, que sale del banco.
El juez imputa al banco delitos de cohecho -ya que Villarejo era policía en activo cuando trabajaba para el BBVA y le conseguía información, descubrimiento y revelación de secretos -por esa información confidencial que le facilitaba- y de corrupción en los negocios -por las dádivas que presuntamente recibió de Villarejo uno de sus directivos-.
En el caso de este último delito, García Castellón investigará su recorrido para aclarar si el BBVA contribuyó a mantener las relaciones con Villarejo en beneficio propio o si la presunta corrupción de alguno de sus directivos “pudiera considerarse como perjudicial para la sociedad”.
rechazada la petición del BBVA Por el momento, el juez ha rechazado aceptar la petición del banco de personarse como perjudicado en espera de aclarar si se benefició de los contratos con Villarejo y si no aplicó los controles necesarios “permitiendo” así “la corrupción personal de sus directivos” y “prácticas que pudieran resultar contrarias al interés” del BBVA.
Por ello ve “necesaria” su imputación por corrupción en los negocios en este estado inicial de la investigación, de manera que la entidad pueda declarar en la causa con las garantías que ofrece la condición de imputado o investigado y se pueda determinar si efectivamente puso en marcha los mecanismos de prevención del delito (compliance).
Este es uno de los requisitos que establece el artículo 31 bis del Código Penal, que el juez cita en su auto, para imputar a una persona jurídica: que se beneficie directa o indirectamente de los delitos y que no se hayan puesto en marcha medidas de control del delito.
Aparte del banco, el juez ha imputado a una decena de directivos y exdirectivos de la entidad, entre ellos Ángel Cano, ex consejero delegado; Julio Corrochano, exjefe de seguridad del BBVA y ex comisario general de la Policía Judicial, y Antonio Béjar, exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias que está colaborando con el juez.
Se les investiga en la pieza número 9 del caso Tándem sobre las contrataciones por valor de varios millones del banco a Cenyt, empresa del excomisario que presuntamente habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios.
Sus imputaciones se han producido a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que indaga las contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito. Estas contrataciones se alargaron hasta el año 2017.
Las pesquisas en el caso Villarejo derivaron en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor, tras haber dejado en diciembre de presidir la entidad.
colaboración con la justicia El expresidente de BBVA aseguró ayer que desde que se abrió la investigación judicial sobre la relación del banco con el excomisario ha estado “máximamente interesado en colaborar con la justicia, con la mayor transparencia”.
González, aseguró que se enteró deonsideró que la actuación del banco ha sido “intachable” pero se ofreció a colaborar “con el objetivo de identificar y esclarecer lo más rápidamente las posibles irregularidades que se hayan podido producir”, explicó.
El que fuera presidente del BBVA durante más de dos décadas ve “muy importante” afrontar la investigación “con la mayor transparencia y objetividad posible”.
Y aboga por ayudar a deslindar “posibles actuaciones individuales de carácter irregular, si las hubiera”, de la actuación del banco en su conjunto”.
El exbanquero incidió en que durante su presidencia en BBVA se trabajó “bajo unos estrictos estándares de conducta” y se actuó “dentro de la más estricta legalidad para defender los intereses del banco, esto es, de sus profesionales, sus accionistas, sus clientes y los intereses generales de la sociedad”.- Efe
El BCE seguirá de cerca cómo afecta la imputación en la evolución del BBVA. Según fuentes financieras, el BCE seguirá de cerca cómo le puede afectar la imputación en la evolución de los negocios del BBVA, la cotización y los grandes accionistas de la entidad. El objetivo es seguir de cerca cualquier efecto que pudiera afectar a su estabilidad financiera.
CCOO pide a Carlos Torres que rompa relaciones con Francisco González. CCOO, el principal sindicato del BBVA, pidió a Carlos Torres, actual presidente del banco, “resolver cualquier relación formal” con Francisco González.
