PAMPLONA - Sare acaba de cumplir cinco años, y el sábado 3 de agosto convocó una nutrida manifestación en Gasteiz. ¿Cree logrado el objetivo de implicar a una pluralidad de la sociedad civil en la cuestión de los presos?

-Sí, porque cuando no hablas de políticas partidistas, sino de la defensa de los derechos humanos en su globalidad, es importante que seamos más quienes estamos detrás de esa pancarta. Eso está en nuestro haber, es un logro.

¿Y en el debe?

-En el debe está el hecho de que hemos avanzado poco en la consecución de los objetivos que nos marcamos desde nuestro nacimiento, es decir, hemos logrado implicar también a instituciones, partidos y sindicatos de una forma muy mayoritaria, pero tenemos enfrente un estado y un gobierno que no quieren moverse y tienen todo bloqueado. Los presos siguen a cientos de kilómetros, en algún caso miles con la ida y la vuelta, los presos enfermos continúan en prisión, el 85% en primer grado... Continua el régimen de excepcionalidad.

El Gobierno español de Pedro Sánchez inició una política de acercamientos de presos de la que en los últimos meses no se están teniendo noticias. ¿Se ha ralentizado o paralizado?

-En junio del pasado año, sin venir a cuento porque no hubo una interpelación directa, el presidente del Gobierno español realizó unas declaraciones que crearon esperanza en el sentido de cambiar la política penitenciaria. De entonces aquí los cambios han sido mínimos, no ha habido ningún traslado a cárceles vascas, sí a Zuera o Villabona, y es cierto que ir Algeciras o al Puerto de Santa María es diferente a hacerlo hasta Zuera, pero eso supone también cerca de 800 kilómetros, con lo cual no hablamos del fin de la política de alejamiento sino de pasos muy puntuales.

Entre los objetivos de Sare para este último año estaba abrir el debate político en Madrid con respecto a la cuestión de los presos. ¿No se ha avanzado al respecto?

-Hemos logrado abrir una vía de comunicación con algunas instituciones del Estado y en algunos temas puntuales vamos solucionando cosas, en el caso de algunos presos en régimen de aislamiento, por ejemplo, pero son temas muy puntuales. Hemos pasado de ser una asociación casi perseguida, como en 2015 y 2016, a buscar cauces de comunicación con el Estado que van posibilitando cambios, aunque sean mínimos. Yo creo que al Estado le falta audacia, está muy sujeto a la crítica constante de algunas asociaciones de víctimas y partidos políticos. No hay suficiente valentía para acabar con una situación que consideramos injusta.

¿Por miedo a la opinión pública española?

-Los medios de comunicación en general no cumplen un papel positivo, porque si la actitud de algunos medios en el Estado, pero también en Euskal Herria, fuera más abierta a buscar lugares de entendimiento estaríamos ante una actitud diferente por parte de los gobiernos, que se guían mucho por los editoriales. Es un error, y también nuestra labor es tratar de hacer ver a los medios que un cambio de actitud puede ayudar a crear un ambiente diferente.

¿Es una mala noticia en ese sentido que la cuestión vasca vuelva a estar en el centro de la agenda política española?

-Sí. Estamos ante una situación curiosa, antes de 2011, cuando ETA estaba en activo, se decía que cuando abandonara la violencia habría una flexibilización. Abandonó la violencia y pidieron que entregara las armas, las entregó y tampoco, y entonces se le pidió que se disolviera. Borja Sémper, del PP vasco, dijo que al día siguiente de la desaparición se terminaría la política de alejamiento, y hasta hoy. No hubo razones para aplicar esa política cuando ETA actuaba, y mucho menos ahora que no existe.

¿El peso de la derecha en este debate se corresponde con su representación parlamentaria?

-Hay un poder de derechas en la política, legítimo, pero luego hay un poder de derechas externo a las instituciones, algunas asociaciones de víctimas, algunos medios, que son un contrapoder importante en muchos factores de la política en España, y en éste fundamentalmente.

¿Siguen influyendo las asociaciones en las decisiones políticas?

-Ahí hay que marcar una diferencia importante entre lo que piensan las víctimas de forma individual y lo que dicen algunas asociaciones. A nosotros esas víctimas nos han pedido respeto a su dolor, apoyo, y muchas veces te dicen que no se les utilice políticamente. Es clave que hablemos mucho más con las víctimas y mucho menos de las víctimas. Preguntémosles qué exigen a asociaciones como las nuestras o a los partidos y gobiernos, para verdaderamente hacer una política constructiva en la búsqueda de espacios de acuerdo y convivencia. Yo no he escuchado a ninguna víctima decir que está bien que estén alejados, el ojo por ojo, simplemente les he escuchado pedir respeto a su dolor y que no les utilicen políticamente, y ese es el camino que tenemos que seguir. Hay que caminar en este proceso sin olvidar lo que ha pasado, pero sin odiar.

En Euskadi sí han conseguido unificar las posiciones de la mayoría de los partidos e instituciones.

-Junto con otros movimientos sociales, hemos trabajado acuerdos en el ámbito vasco, en los parlamentos de Gasteiz e Iruñea, en las Juntas y ayuntamientos... Estos acuerdos representan al 85% de la sociedad vasca, y por lo tanto cuando se habla de la representación de las instituciones debe servir para todo, también para estos acuerdos. Lo que trasladamos a partidos, sindicatos e instituciones es que hagan valer ante el Estado la firmeza de esos acuerdos.

En la Carrera de San Jerónimo es más difícil firmar un acuerdo de esas características.

-Por supuesto, pero el PSE, por ejemplo, en el ámbito vasco ha hecho un gran esfuerzo que valoramos y agradecemos, y es importante que en el Estado siga esa senda. Eso es clave porque en el Congreso hay una mayoría progresista de la que se debe hacer uso también para estas situaciones injustas, que no valga solo para quitar a Mariano Rajoy. Es algo muy complejo y quiero hacer hincapié otra vez en que la posición de los medios de comunicación es clave en todo esto.

¿Qué opinión tiene sobre los recibimientos públicos a varios presos que tanta polémica están generando en las últimas semanas?

-Con respecto al tema de los ongi etorris, yo considero que es un conflicto bastante artificial, porque quienes fundamentalmente lo airean son quienes no hacen nunca ni caso a la situación de los presos, determinadas televisiones públicas y privadas. Lo que se ha producido estos días no son los homenajes a los que nos tenían acostumbrados en otros tiempos, cuando se le entregaba la makila en la plaza del pueblo al preso o presa, sino que han sido recibimientos a presos que han estado más de dos décadas en prisión, en condiciones bastante inhumanas, con una inflexibilidad en la política penitenciaria, y cuyo regreso ha alegrado a vecinos, familiares y amigos. En muchas ocasiones habrá simpatía política, y en otros simplemente se alegran de que vuelvan a casa.

Pero desde instituciones como el Gobierno Vasco se ha señalado que ahondan en el dolor de las víctimas.

-La propia Ertzaintza lo ha dicho, no ha habido exaltación, y la Audiencia Nacional ha archivado las denuncias. Ahora, bien, si a pesar de todo esto, alguna víctima considera que ese tipo de recibimientos le revictimiza y le produce más dolor, por supuesto que es necesario buscar una fórmula para que esa alegría no choque con el dolor de nadie, pero hay que hacerlo sin alardear públicamente.

¿Coinciden con el Foro Social en que esos recibimientos deberían celebrarse en espacios cerrados?

-La petición del Foro es positiva, respetable y hay que estudiarla, pero al preso que sale en libertad tampoco lo puedes encerrar en un cuarto oscuro de su casa, porque hay un sentimiento en la calle, en unos sitios más que en otros, de aprecio a esa persona y de alegría porque su familia deja de recorrer semanalmente mil kilómetros para visitarle en prisión, todo eso hay que tenerlo en cuenta.

La propia Etxerat se mostró dispuesta a buscar fórmulas para no hacer daño a nadie. ¿Ve posible avanzar en ese sentido?

-Su planteamiento fue interesante, pero hay un elemento importante, este tipo de recibimientos dejarían de tener la importancia que se les da si se aplicara previamente la legislación penitenciaria con permisos, libertades condicionales... Cuando sale alguien que ya ha disfrutado, como otros presos que no son de ETA, de esos permisos, no se producen esta situaciones. Abordemos el problema desde un punto de vista global, de una forma que no haga daño a nadie, pero abordemos también la forma en la que se trata a los presos.

El PP quiere legislar para que esos actos en los que de momento no se aprecia delito sí sean punibles.

-Insistir en una reforma del Código Penal para castigar este tipo de recibimientos parece un brindis al sol, porque ya se ha considerado que no son delito y porque no se puede pedir una reforma exclusiva para este asunto cuando el pasado mes de julio, el 18, por las calles de Santander hubo un desfile fascista, y el otro día en Valladolid hubo un homenaje a Onésimo Redondo (cofundador de la organización fascista JONS), y nadie dice nada.

¿Deberían reconocer los presos que el daño causado fue injusto?

-Cuando en 2013 los presos hacen una declaración expresa sobre el daño causado todo el mundo lo valoró positivamente hasta que alguien añadió la coletilla de que fue injustamente causado. Tras cada paso se exige otro más. Sare no es portavoz de los presos, aunque sí creemos que podrían valorar la posibilidad de dar más pasos, pero, ¿qué pasos? ¿Para qué? ¿Qué respuesta van a tener por parte del Estado? Hasta ahora ha sido mantener la legislación penitenciaria inflexible y deshumanizada. Si no se explica eso es muy difícil que nadie esté en disposición de moverse más de lo que ya lo han hecho, que es mucho.