pamplona - Los investigadores tienen en el punto de mira los servicios que contrató Esperanza Aguirre para potenciar su imagen pública. El reciente escrito de la Fiscalía Anticorrupción sobre la pieza que investiga la financiación irregular del PP de Madrid, asegura que la expresidenta tenía una “deuda personal” con la empresa de la trama Púnica que se dedicó a mejorar su reputación en 2012. El juez Manuel García-Castellón no utilizó esta expresión al justificar la imputación de la exdirigente popular, pero la duda sobre si Aguirre se benefició a título personal del presunto desfalco ya sobrevuela el caso, según informó elconfidencial.com.

Los servicios se explican en la parte final del escrito de Anticorrupción: “En 2012, se daba la particularidad de que los dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid más cercanos en ese momento a la presidenta del Partido, los investigados Ignacio González, Salvador Victoria y Borja Sarasola, habían generado junto a Aguirre una deuda personal de todos ellos con las empresas del investigado Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, por los trabajos de reputación que les realizaba la mercantil Eico”. El uso de esta expresión no es gratuito, pues los investigadores subrayan a continuación que “pese a tratarse de trabajos de índole personal de cada una de dichas autoridades, pretendieron que fuesen los fondos públicos los que atendiesen el pago de toda la deuda, que llegó a superar los 140.000 euros”.

El PP de Madrid ideó tres métodos distintos para “sufragarla encubiertamente”. El primero de ellos consistió en adjudicar a la empresa Eico contratos públicos “con objeto simulado”, labor que se dirigía desde la Dirección General de Medios de la Comunidad Autónoma de Madrid. Otra de las vías pasaba por los adjudicatarios de contratos amañados desde el Canal de Isabel II y la Agencia para la Informática de la Comunidad de Madrid, entre los que destacan los casos de Imagen y Síntesis Digital e Indra, que “realizaron furtivamente entregas de dinero en efectivo a los investigados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa”. Por último, la trama también ordenó a diversos adjudicatarios simular “la subcontratación de servicios con la empresa Eico, atendiendo mensualmente las facturas que los trabajadores presentaban al cobro”. - D.N.