Doble prórroga presupuestaria con ‘procés’, crisis y ‘brexit’ como desafíos

Sánchez deberá mantener las cuentas de Rajoy, lo que impide elevar las pensiones según el IPC

10.02.2020 | 03:45
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se dirige al hemiciclo en la última sesión de la legislatura.

pamplona - La parálisis política se amplía unos meses más y la inestabilidad se va a prolongar probablemente hasta bien entrado 2020, con el Gobierno en funciones durante casi un año entero. Los frentes que se le abren ahora son varios: la sentencia del procés provocará una nueva sacudida en la crisis constitucional más grave de las últimas décadas; la exhumación de Franco; la sentencia de los ERE; un probable brexit duro que va a afectar a toda la UE, pero en particular a España, uno de los países con relaciones más estrechas con el Reino Unido, y una amenaza de frenazo económico cada vez más real.

Pero hay más: el fracaso en la conformación de un nuevo Gobierno y la consiguiente convocatoria de elecciones impedirá la elaboración de unos Presupuestos para 2020, por lo que las cuentas de 2018 -las últimas de Cristóbal Montoro- tendrán que prorrogarse por segunda vez, algo que nunca ha ocurrido en democracia. El escenario político conduce a una repetición electoral el próximo 10 de noviembre, un calendario que hace imposible que antes de que termine 2019 haya unos presupuestos aprobados para entrar en vigor el 1 de enero de 2020. Esto es así porque, una vez constituidas las Cortes y formado el Gobierno -algo que previsiblemente no ocurrirá antes de diciembre-, el Ejecutivo debe elaborar y presentar las cuentas, cuya tramitación parlamentaria se prolonga durante unos tres meses. Las cuentas de 2018 continuarán así prorrogadas una vez que arranque 2020, lo que complica afrontar cambios como la actualización de las entregas a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas, la revalorización de las pensiones, la subida del salario de los funcionarios o la modificación del indicador público de renta a efectos múltiples (IPREM). El nuevo Gobierno, no obstante, podría introducir modificaciones vía real decreto ley para adoptar decisiones urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Esta será la octava prórroga presupuestaria de la democracia -tras las de 1979, 1983, 1996, 2012, 2017, 2018 y 2019- y el cuarto año consecutivo que comienza con unos presupuestos prorrogados, pero se diferencia del resto en que supone extender a un tercer ejercicio la vigencia de las mismas cuentas, las de 2018. Los presupuestos de 2018, elaborados por el Gobierno del PP, se aprobaron en julio de ese año ya con un Ejecutivo socialista, tras salir adelante la moción de censura a Mariano Rajoy, por lo que, en la práctica, solo llevan en vigor algo más de un año. El Gobierno de Pedro Sánchez llegó a elaborar y presentar en el Congreso un proyecto presupuestario para 2019, pero fue rechazado en la fase de vetos, lo que condujo a las elecciones generales del 28 de abril.

En otras ocasiones de prórroga presupuestaria, estas cuestiones se han solventado con decretos leyes, pero esta vez el Gobierno está en funciones y tiene la capacidad normativa limitada y solo puede adoptar medidas en caso de urgencia o interés general.

En lo que respecta a la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas -la cuestión más urgente ya que debería estar resuelta antes del 15 de diciembre-, el Gobierno ha mostrado su intención de desligarla de los presupuestos para agilizar su trámite, aunque persiste el escollo de la falta de un Ejecutivo con plenos poderes. También afronta dificultades la revalorización de las pensiones conforme a la inflación en 2020, compromiso que no está recogido normativamente por lo que la mejora podría ser solo del 0,25 % del índice de revalorización todavía vigente. Asimismo, la subida salarial de los empleados públicos pactada con los sindicatos para 2020 -un 2 % fijo más un 1 % adicional si el PIB crece más de un 2,5 %- está en el aire. - D.N.

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