BILBAO - Interior evita aplicar en todos los términos la ley antiterrorista a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos por idear sabotajes como respuesta al fallo del procés por parte del Tribunal Supremo. De los nueve arrestados, dos quedaron en libertad con cargos el mismo lunes y los otros siete serán interrogados mañana. El colectivo que coordina su defensa, Alerta Solidaria, cuyo portavoz es Xavier Pellicer, denunció ayer el procedimiento opaco de lo que en el mundo soberanista se conoce ya como Operación Sentencia. La legislación determina que por los delitos de terrorismo, acusación que sostiene la Fiscalía, hay que aplicar un régimen especial por el que se incomunica a los detenidos, no tienen derecho a un abogado hasta 48 horas después de los arrestos y que sean investigados por la AN, siendo éste último el requisito que mayormente se cumple.

Y es que, aunque no han podido hablar aún con sus letrados, sí que se les han podido designar ya abogados, encontrándose los detenidos en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos. El Ministerio del Interior no activó ningún protocolo terrorista ni antes, ni durante, ni después del operativo. Aunque se dio a entender que la amenaza de atentado era inminente, no se convocó ni la mesa de valoración ni el pacto antiterrorista. Eso sí, Pellicer denunció que se les acusa de delitos futuros que aún no han pasado dentro de “una estrategia de guerra sucia comunicativa contra ellos”. A su juicio, el mero hecho de expandir mediáticamente que estaban en disposición de atentar “es una violación de la presunción de inocencia”. Alerta Solidaria no tiene ninguna información que indique que estas personas tenían previsto atentar ni hacer ningún tipo de acción y consideran que se trata de un “relato de criminalización que tiene poco que ver con la realidad para conseguir una oportunidad electoral y la desmovilización del movimiento independentista”.

fertilizante de uso común Para la defensa, los agentes requisaron material informático, libretas y una urna del 1-O, y disponen de alguna conversación telefónica que no se ha aireado, mientras que desde la fiscalía sostienen que se confiscaron sustancias susceptibles de la fabricación de explosivos que en verdad podrían ser fertilizantes de uso común. “No hay explosivos porque si los hubiera, se habrían enseñado”, concreta el abogado Benet Salellas. La supuesta termita que se halló, polvo de hierro y nitrato de amonio, es propio de material pirotécnico, y la investigación se limita a apuntar en condicional que serviría para elaborar un explosivo casero, “aunque no Goma 2”.

Salellas confía en que sean puestos en libertad cuando el caso llegue ante el juez, criticando cómo “los altos poderes del Estado tienen una obsesión por vincular violencia y independentismo catalán”, así como la legislación española: “En la legislación internacional, el terrorismo es un delito grave pero aquí se utiliza esta legislación para atacar con patrones ideológicos”, afeó el letrado. Las defensas también denuncian que se está vulnerando el secreto de sumario, ya que se están dando detalles y filtrando datos en algunos medios. Una vez declaren, no parece probable que las detenciones se alarguen 48 horas más, hasta los cinco días, como prevé también la ley.