BARCELONA. La abogada de Alerta Solidària Eva Pous, que está entre los letrados de esta organización que defiende a seis de los siete miembros de los CDR encarcelados por presunto terrorismo, ha criticado que en la operación de la Guardia Civil hubo vulneraciones "infinitas e inacabables" de derechos.

En una rueda de prensa este lunes, ha asegurado que los registros a los detenidos hace una semana se hicieron sin comunicarles su arresto, "por lo tanto, sin que pudieran designar abogado".

Ha añadido que en la mayoría de los casos, los detenidos no pudieron tener asistencia letrada "hasta más de 30 horas después", en el cuartel de Tres Cantos (Madrid).

También ha dicho que se intentó "aislar a dos personas" de las siete detenidas, ya que inicialmente tuvieron asignado un abogado de oficio, a pesar de que los letrados de Alerta Solidària fueron designados por los familiares y habían iniciado los trámites con la Guardia Civil, según Pous.

Ha añadido que no se permitió a Alerta Solidària hablar con los abogados de oficio y que ni la Guardia Civil ni la Audiencia Nacional les dieron acceso a unos "indicios mínimos" de la acusación.

Pous ha defendido que, a pesar de que un caso esté bajo secreto de sumario para proteger el desarrollo de la investigación, "nunca se puede limitar el derecho a la defensa", y ha asegurado que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de dar acceso a elementos básicos en los que se basa la acusación.

"INTOXICACIÓN DE LAS FILTRACIONES"

La abogada de Alerta Solidària ha lamentado filtraciones del sumario, "que tienen que venir o por parte de la Guardia Civil, o por parte de la Fiscalía o por parte de la Audiencia Nacional".

Ha rechazado entrar en la "intoxicación de las filtraciones", y ha dicho que buscan establecer un relato a pesar de que desconocen en base a qué se está haciendo.

También ha resaltado que hay noticias que apuntan a que "el hecho más grave es que se había hablado con una persona que no está privada de libertad porque no está siendo objeto de ninguna investigación, aparentemente".

CASO DE IÑAKI RIVERA

En la misma rueda de prensa, la abogada Laia Serra ha explicado la situación del procedimiento contra el director del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona (UB) y director del Sirecovi, Iñaki Rivera.

Ha recordado que el sindicato CC.OO. denunció a Rivera por presuntas calumnias por una entrevista "divulgativa" en la que lamentó que había casos de torturas y malos tratos en las cárceles y que, este sindicato --junto a Csif, que también presentó una querella-- han intentado que el director del Observatori se retracte de sus declaraciones.

Serra ha defendido que Rivera está cubierto por la libertad de expresión, y ha lamentado el "intento de inhibir" a su defendido, a su equipo y a profesionales y colectivos que persiguen la vulneración de derechos humanos, aunque ha apuntado a que CC.OO. ya no tiene la pretensión de seguir con la denuncia.

Fuentes de CC.OO. han informado a Europa Press de que el sindicato presentó la denuncia pero que actualmente no tiene intención de impulsar el procedimiento judicial, aunque el juez tendrá que seguir investigando.

En este acto, han mostrado su apoyo a Rivera la miembro del OSPDH-Sirecovi Sheila Marín, el periodista David Fernàndez, la abogada de Irídia Anaïs Franquesa, el miembro del Institut de Drets Humans de Catalunya David Bondia, el secretario general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre; la directora de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona, Aida Guillén, la miembro de la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos Lluisa Domingo, y Gràcia Amo, que ha relatado casos de malos tratos, torturas y violaciones.