pamplona - El Consejo de Ministros propondrá hoy que la hasta ayer ministra de Justicia, Dolores Delgado, sea la nueva fiscal general del Estado, un movimiento sin precedentes que ha despertado las críticas de la mayor parte de la carrera fiscal, de mayoría conservadora, y de la oposición. Tras ir anunciando durante los últimos días los nombres de los titulares de los 18 ministerios y cuatro vicepresidencias del nuevo Gobierno de coalición, el presidente, Pedro Sánchez, volvió a dar la sorpresa cuando se conoció el relevo de la hasta ahora fiscal general, María José Segarra.
Delgado, que tendrá que dejar el escaño como diputada del PSOE, vuelve así al Ministerio Fiscal, pero esta vez a su cúspide, en el que es un movimiento inédito que solo ha tenido un antecedente similar en democracia, cuando el Gobierno de Felipe González nombró fiscal general al que había sido ministro de Presidencia Javier Moscoso. Al frente de la Fiscalía, Delgado deberá tomar decisiones que estarán bajo permanente escrutinio, sobre todo en la causa del procés, en un momento en el que algunos presos ya podrán pedir permisos penitenciarios y cuando las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín están congeladas a la espera de que el Parlamento Europeo decida si levanta su inmunidad.
En España el fiscal general es nombrado siempre por el Ejecutivo, algo habitual en la mayoría de los países democráticos, pero tiene autonomía de acción desde ese momento y no debe obediencia al Ejecutivo. La Fiscalía es un órgano jerárquico, pero los fiscales tienen fórmulas para hacer respetar su autonomía y mostrar su disconformidad con una orden del fiscal general. Delgado deberá actuar, según marca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con “plena objetividad e independencia”, algo de lo que recelan la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, que ven en su mudanza un intento de injerencia del Gobierno en la Justicia.
Para la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, que ve en el nombramiento “una declaración de intenciones” del poder político para “meter las zarpas en la Fiscalía”, todavía resuena una entrevista en la que Pedro Sánchez sugirió que el Ministerio Público dependía del Gobierno, palabras que matizó poco después.
También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la mayoría de asociaciones judiciales recibieron con preocupación el anuncio, que afecta, a su juicio, a la credibilidad y a la imagen de independencia de la Fiscalía. Las buenas palabras solo llegaron de la mano de las asociaciones progresistas: Juezas y Jueces para la Democracia destacó su experiencia como fiscal, y la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció Delgado, aseguró que confía en su independencia y subrayó la defensa que hizo de la autonomía de la Fiscalía como ministra.
el juez ebrio En el plano político, las reacciones no se hicieron esperar, y desde el Gobierno la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quiso dejar claro que el Ejecutivo no pretende “en ningún momento” controlar la Fiscalía con la propuesta de Delgado. No se lo cree el presidente del PP, Pablo Casado, quien tras encargar el área Justicia del PP a Enrique López, el juez del Constitucional que dimitió por conducir ebrio, se refirió a Delgado como la “ministra número 23” del nuevo gabinete y anunció que acudirá a los tribunales para recurrir un nombramiento con el que considera que Sánchez ha perdido “definitivamente las formas y el pudor”, porque “ataca la separación de poderes y el Estado de derecho”. En esa línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, considera que la propuesta es una “prueba más” del “golpe institucional” del presidente para que el PSOE “se apodere del Estado”, mientras que Ciudadanos ve una maniobra “para politizar la justicia”, dando satisfacción a ERC y a los populistas. Entre las fuerzas independentistas predominó en las primeras horas la cautela. “Lo importantes son los hechos”, señaló el presidente del Parlament, Roger Torrent, desde Estrasburgo, donde arropó a Puigdemont y Comín en su estreno como eurodiputados.
Delgado estuvo 25 años en la Audiencia Nacional antes de formar parte del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. En su etapa en este órgano, en el que ingresó en 1993, la exministra dedicó la mayor parte de su tiempo a la lucha contra el terrorismo. Tras ser nombrada se vio salpicada por el caso Villarejo.
El Consejo General del Poder Judicial se reunirá previsiblemente hoy de forma extraordinaria para informar sobre la idoneidad de la candidatura. Con ese informe, el Consejo de Ministros del viernes podría ya remitirla al Congreso para que comparezca ante la Comisión de Justicia. - D.N. / Foto: Efe
