Coima, palabra venezolana

Raúl Morodo ejerció como embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, nombrado por el gobierno de Zapatero, aún sin ser diplomático de carrera. Era, por el contrario, un político de larga trayectoria que ejerció antes como diputado y eurodiputado en varias legislaturas. Junto a José Bono militó durante la transición en el Partido Socialista Popular, que acabó integrándose en el PSOE. Ahora mismo Morodo está imputado ante la Audiencia Nacional por los cargos de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal. Se le acusa de haber recibido pagos de la petrolera estatal venezolana por valor de al menos 35 millones, parte de los cuales acabaron en cuentas suizas, casualmente un monto parecido y con igual destino que el dinero que se detectó hace unos años a Bárcenas. Como en el caso del tesorero del PP, lo de Morodo parece demasiada cuantía para corromper a una sola persona, por lo que se sospecha que actuaba como representante de una trama mayor. José Bono, siendo ministro de defensa de Zapatero, aterrizó un día en Caracas y concertó la venta de doce aviones y ocho fragatas a pesar de que incorporaban tecnología militar norteamericana que no podía revenderse a Venezuela. En aquellos años, Bono pasaba por ser el españolazo del gobierno de ZP, mientras que el ministro de exteriores, Moratinos, era más dado a los devaneos con el internacionalismo. A pesar de ese postureo, sin duda creado para consumo de tantos catetos españoles, casualmente fue Bono quien trasegó el material militar con Chávez, para enfado de su compañero de gabinete. Es sabido que Bono atesora propiedades por valor de bastantes millones de euros, y se pasea por los platós de televisión luciendo implantes capilares y, sobre todo, el descaro de quien se sabe inmune a cualquier tipo de investigación fiscal o periodística. Algo parecido pasa con Zapatero. Nadie sabe exactamente en qué trabaja, pero la prensa aseveró hace unos meses, sin ser desmentida, la adquisición de una vivienda en Aravaca tasada en casi dos millones de euros, pero por la que se dijo abonó sólo 800.000 euros. Está dotada de una piscina en su ático y los mejores materiales, y situada en una de las zonas exclusivas de la capital como corresponde a la vocación socialista del expresidente. Cualquiera puede entender que la intensa defensa que Zapatero hace de la narcodictadura venezolana no es una actividad gratuita. Sin embargo, tampoco consta que periodista alguno o la Agencia Tributaria estén investigando el origen de la fortuna de aquel presidente que hundió al país en su peor crisis económica. Baltasar Garzón, el prevaricador de cabecera de La Sexta, dispone de un despacho que cobra habituales minutas a miembros del régimen venezolano, como los 1,85 millones de euros recibidos por redactar un informe sobre la situación jurisdiccional del exjefe de los servicios de inteligencia de aquel país, Hugo Carvajal, ante una requisitoria de Estados Unidos. Para cerrar el cuadro, y sin ánimo de exhaustividad, hay que mencionar los pagos que el régimen chavista ha hecho a los podemitas Monedero (casi medio millón de euros a cambio de un breve informe, por los que tuvo que hacer una declaración tributaria complementaria), o Iglesias y Errejón a través de la fundación CESP, de cuya dirección ejecutiva formaban parte. Todos los arriba mencionados se empeñan, día tras otro, en defender a un régimen devenido en verdugo, implicado incontestablemente en el narcotráfico, y que se sustenta masacrando a una población que apenas tiene para comer, aún viviendo sobre una infinita balsa de petróleo y en un país con increíbles recursos naturales.