El final de las togas

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez modula su lenguaje con respecto a Catalunya para hacer posible la desjudicialización de la política de la que depende su futuro.

26.01.2020 | 06:18
Juan Carlos Campo recibe la cartera del Ministerio de Justicia de manos de Dolores Delgado, nueva fiscal general del Estado. Fotos: Efe

el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha logrado su principal objetivo, constituirse, tras arrancar el apoyo de ERC, pero de poco le servirá al presidente haber superado la investidura si no consigue aprobar unos Presupuestos que sustituyan a los de Cristóbal Montoro. De nuevo, Sánchez tiene que mirar a ERC, y si para ser investido tuvo que acceder a convocar una mesa de diálogo que llevara al terreno de la política la crisis catalana, ahora las exigencias de los republicanos siguen en la misma línea de desjudicializar la política. El PSOE y La Moncloa, por ello, han tenido que dar un giro de 180 grados al duro discurso con respecto a Catalunya con el que se presentaron a la campaña electoral del 10 de noviembre, con el fin de que las palabras acompañen a los acciones que tienen que llevar a cabo para sacar adelante sus Cuentas.

De hecho, ya el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos establecía en su punto 9 el objetivo de "garantizar la convivencia en Cataluña" y procurar "la normalización de la vida política", una idea que se desarrolla en el programa de gobierno con la promesa de abordar "el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes".

Después, ya con el Ejecutivo en marcha, sus miembros han abundado en esta idea con sentencias más contundentes, como la de la nueva portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que la semana pasada aseguraba que "la política no se puede esconder detrás de las togas".

En la misma línea, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, justificaba el miércoles la propuesta de reformar el Código Penal para modificar los delitos de rebelión y sedición afirmando que "algunos tipos penales de nuestro país no están a la altura del derecho comparado", vistos los reveses que al norte de los Pirineos se ha encontrado la euroorden de detención contra el expresident Puigdemont y sus consellers. "Ha llegado el momento de tomar decisiones" después de "años" en los que la política ha quedado "colapsada", enfatizaba Calvo.

Un día más tarde, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendía abordar dicha reforma "sin asustarse" porque las figuras penales de la sedición y la rebelión vigentes "son más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX", cuando, afirmó literalmente, se pensaba en ataques "con tanques en la calle".

Todo este discurso de los socialistas, que no acaba de asentarse por las fuertes resistencias internas en ciertos barones del PSOE, como el presidente castellano manchego Emiliano García Page, trata de trasladar a la opinión pública una imagen de normalidad democrática con respecto a una serie de hitos que marcan esa desjudicialización de la política.

reforma del código penal Aunque el Gobierno niega que dicha eventual reforma forme parte de las exigencias de ERC para aprobar los Presupuestos, lo cierto es que de salir adelante podría suponer una significativa rebaja de penas para los nueve presos y presas del procés. La idea es rebajar el delito de sedición por el que fueron condenados a entre 9 y 13 años -también lo fueron por malversación-, de tal forma que, tras dos años en prisión y con un trámite parlamentario que podría dilatarse otro tanto, una vez aprobado el nuevo Código Penal los reclusos podrían salir en libertad. Se trata de una ley orgánica que precisa de una mayoría absoluta en el Congreso, para lo que Sánchez tendría que recabar el apoyo, casi seguro dadas las circunstancias, de ERC, EH Bildu y JxCAT.

del ministerio a la fiscalía Pedro Sánchez se dejó muchos pelos en la gatera con el poco estético nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras haber pasado por el Ministerio de Justicia, que ha levantado mucha polvareda en la oposición y entre los propios fiscales. Sin embargo, una vez pasada la tormenta, el presidente cuenta con una persona de confianza para dirigir desde el Ministerio Público esa transición de la cuestión catalana de los juzgados al ámbito político. La predecesora de Delgado, María José Segarra, llegó precedida de una fama de independiente a un cargo que sobre el papel lo es y que en la práctica ha sido históricamente la llave del Ejecutivo para influir en la Justicia.

vía libre a las "embajadas" Aunque pueda ser una medida de rango menor, en comparación con la reforma de una ley orgánica o el nombramiento de la fiscal general del Estado, no deja de ser un gesto relevante el hecho de que el Gobierno permitiera la apertura de las delegaciones de la Generalitat en Argentina, México y Túnez que vetó Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores. Su sucesora en funciones, Margarita Robles, adujo que el Govern había accedido a no hacer un uso político de estas oficinas, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sin duda con más libertad para hablar que los políticos en ejercicio, resumió el espíritu de la medida. "Desjudicializar es lo que ha pasado con las delegaciones catalanas en el exterior. Estábamos en los tribunales y ahora se ha logrado un entendimiento para que Catalunya tengan sus delegaciones en el extranjero", manifestó el expresidente, que además el viernes avaló la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición.

recursos al tc El pasado mes de diciembre, el Gobierno y la Generalitat sellaban la paz en el frente del Tribunal Constitucional con un pacto en virtud del cual acordaron una interpretación común para una norma estatal sobre igualdad de trato en el trabajo y para otra catalana sobre espacios agrarios, evitando así el recurso al TC, foco de litigios durante años entre el Estado, Catalunya, Euskadi y también otras muchas autonomías. Llama la atención, en ese sentido, que el primer Consejo de Ministros de Sánchez decidiera llevar al Constitucional ocho leyes del Fuero Nuevo navarro que fue aprobado por unanimidad por el Parlamento foral, pero al margen de este episodio concreto las aguas se van calmando en este ámbito, también en relación a Euskadi. Sánchez retiró el recurso del Gobierno Rajoy contra la Ley de abusos policiales tras la moción de censura y es de prever, vista la relevancia que tiene el PNV en la conformación de la mayoría de Sánchez, que los gobiernos vasco y español dejen de litigar tras años de pleitos en el Constitucional, en el Tribunal Supremo o en el ámbito contencioso-administrativo. Leyes como la de Iniciativa legislativa popular, la de Vivienda o la relativa al fracking; las promociones de la Ertzaintza o las becas han acabado en los tribunales. Eso sí, si se ha sellado la paz con el Gobierno, Euskadi y Catalunya tienen enfrente a PP y Vox, esta última formación ya con capacidad de acudir al Constitucional para frenar la capacidad legislativa de las autonomías.

sin renovación en el cgpj El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una piedra en el zapato en su estrategia de desjudicializar la política con un Consejo General del Poder Judicial elegido en tiempos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y por tanto eminentemente conservador, con su presidente, Carlos Lesmes, como más visible ejemplo de este perfil ideológico. El CGPJ se mantiene en funciones tras expirar su mandato de cinco años porque los grandes partidos no son capaces de llegar a un acuerdo que alumbre la mayoría de tres quintos necesaria para renovar este órgano. El PP exige que sean los propios jueces, un colectivo mayoritariamente conservador, quien elija a los veinte vocales, y los propios miembros del Consejo han decidido paralizar los nombramientos judiciales hasta que no haya un acuerdo como medida de presión para salir del bloqueo.

puigdemont, eurodiputado El pasado 13 de enero, más de dos años después de que cruzaran la frontera pirenaica, Carles Puigdemont y Toni Comín se estrenaban como eurodiputados recogiendo el guante que lanzó Sánchez cuando, en la sesión de investidura, se comprometió a desjudicializar la política. "Hagan caso a su jefe de filas", dijo a los europarlamentarios socialistas Puigdemont, que de esta manera les pedía su voto contrario al suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo contra el expresident, primer paso para retirarle la inmunidad parlamentaria de la que ya despojó el TS a Oriol Junqueras. Los ojos de ERC y JxCAT, y también de las tres derechas, estarán puestos en Estrasburgo y en unos socialistas españoles a los que las declaraciones de los ministros de Sánchez han ido desbrozando el camino.

torra, insumiso Aunque lo intenta, no está en manos del Gobierno el control de todo lo relativo a la judicialización de la política en Catalunya, como demuestra el hecho de que el Supremo haya confirmado la inhabilitación como parlamentario, contra el criterio de la Fiscalía, de Quim Torra, quien asegura que se mantendrá al frente del Govern. La respuesta de Sánchez a este contratiempo ha sido mantener la cita prevista con el president para la primera semana de febrero.

primeros permisos Dentro de esas cuestiones que no están en las manos del Ejecutivo se encuentra también la de la legislación penitenciaria, que en este caso ha contribuido a disminuir la presión en el conflicto catalán. Tras más de dos años en prisión, ha permitido que se concedan los primeros permisos de salida a los presos del procés, concretamente al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tras haber cumplido la cuarta parte de sus condenas.