Barcelona. La junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners ha acordado hoy flexibilizar el régimen penitenciario del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, que podrá salir tres días a la semana, y del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de lunes a viernes, para ir a trabajar y ejercer voluntariado.

Según ha informado el Departamento de Justicia, la cárcel de Lledoners ha aplicado a los "Jordis" el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que puede ser de uso inmediato, aunque requiere de la ratificación ulterior del juzgado de vigilancia penitenciaria y podría ser recurrido por la Fiscalía, aunque ello no paralizaría su aplicación hasta la resolución judicial.

La Generalitat no informará ni de la fecha del inicio de las salidas ni de las empresas ni entidades de destino de Sànchez y Cuixart, en cumplimiento de la obligación de proteger la intimidad de los internos.

En el caso de Sànchez, la Junta de Tratamiento ha acordado aplicarle el artículo 100.2 para ejercer voluntariado, lo que le permitirá salir de la prisión barcelonesa de Lledoners once horas al día, tres días a la semana, siempre entre lunes y viernes.

A Jordi Cuixart, la cárcel de Lledoners le aplica el artículo 100.2 para trabajar y ejercer voluntariado cinco días a la semana -de lunes a viernes-, pudiendo estar fuera de la cárcel nueve horas y media cada jornada.

Los técnicos que integran la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners han acordado aplicar el artículo 100.2 a los "Jordis" cuando ambos han disfrutado de un único permiso de 48 horas y están a la espera de que el juzgado de vigilancia les apruebe un segundo de 72, al que la Fiscalía se opone, de momento en el caso de Cuixart.

Una vez la junta de tratamiento ha acordado aplicar el artículo 100.2 a los "Jordis", lo debe comunicar de forma obligatoria a la juez de vigilancia penitenciaria, sin que esta decisión pase por la Secretaría de Medidas Penales de la consellería de Justicia, en manos de la republicana Ester Capella.

El reglamento penitenciario establece que la juez será la que decidirá de forma ulterior a su aplicación si se ratifica o se tumba el artículo 100.2 a los internos.

En este trámite, la Fiscalía puede recurrir la decisión de la junta de tratamiento, como ocurrió por ejemplo con el caso del exdirigente de CiU Oriol Pujol -que finalmente acabó avalando la juez-, aunque no se paraliza la aplicación de este artículo hasta que se pronuncie la justicia.

Una vez haya resuelto la juez de vigilancia penitenciaria, la última instancia judicial que puede avalar o revocar la aplicación del artículo 100.2 es la Audiencia provincial, en este caso la de Barcelona.

Un total de 405 internos disfrutan actualmente en Cataluña de la aplicación del artículo 100.2, que no comporta el cambio de la clasificación de los internos, actualmente en el segundo grado penitenciario.

Cuixart fue el primero de los nueve presos del procés en disfrutar de un permiso de 48 horas -entre el 16 y el 18 de enero pasado-, seguido de Sànchez -del 25 al 27 de enero-, al haber cumplido una cuarta parte de la condena a nueve años por sedición que les impuso el Supremo.

En el caso de los "Jordis", la junta de tratamiento también ha propuesto un permiso de 72 horas, que a diferencia de los que no superan los dos días -que son aprobados por la Generalitat-, debe ser avalado por el juzgado de vigilancia penitenciaria.

Por el momento, la Fiscalía ya se ha opuesto a que Cuixart tenga un permiso de 72 horas, al considerar definitivo que no se haya arrepentido y que haya asegurado que "lo volvería a hacer", mientras está estudiando el caso de Sànchez.

Además de los "Jordis", también han iniciado los trámites para que se les aplique el 100.2 -artículo que no requiere haber cumplido una cuarta parte de la condena-, el exconseller de Interior Joaquim Forn, condenado a diez años y medio de cárcel.

También la abogada de la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, condenada a doce años, tiene ya a punto la documentación a presentar en la cárcel de Puig de les Basses (Girona) para flexibilizar su situación penitenciaria con el 100.2, mientras que el exconseller de Exteriores Raül Romeva (doce años) y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (once y medio) la entregarán la semana próxima.

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado a la pena más alta, trece años de cárcel, tiene previsto presentar en las próximas semanas los documentos necesarios.

Por su parte, los exconsellers de Presidencia Jordi Turull y de Territorio Josep Rull, condenados a diez años y medio de cárcel, no han iniciado todavía el procedimiento para acceder al 100.2 y su defensa ha declinado aclarar si tienen previsto hacerlo en breve.