pamplona - La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez prosiguió ayer su particular cruzada contra el Gobierno foral, al que acusó de obrar con "opacidad". Lo hizo en el pleno del Parlamento, durante el cual se interesó por conocer las medidas que está implementando el Ejecutivo "para mejorar la transparencia".
La pregunta de Álvarez supone un nuevo capítulo de un pulso iniciado el pasado otoño con continuas peticiones de información al Departamento de Derechos Sociales, que dirige Carmen Maeztu. Álvarez conoce bien esta consejería, donde llegó a desempeñar distintos cargos de alta responsabilidad entre 2004 y 2011 con los dos últimos gobiernos de Miguel Sanz (UPN). También es consciente del trabajo que implica para el departamento satisfacer dentro de plazo estas demandas de información.
Después de haber recibido respuesta a varias peticiones de información cursadas en octubre y de haber llamado a la consejera a comparecer en el Parlamento para explicar el grado de cumplimiento del Plan de Inclusión Social, Álvarez cursó otras 82 peticiones de información entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2019. Muchas de ellas sobre contenidos no disponibles, que obligan al personal del departamento a dedicar mucho tiempo a cruzar datos.
Como desde Derechos Sociales no se atendieron todas sus peticiones, Álvarez solicitó, el 18 de diciembre, el amparo del presidente del Parlamento al considerar que "se habían vulnerado sus derechos como parlamentaria".
El informe de los servicios jurídicos de la Cámara, publicado el 17 de enero, no le da la razón. Concluye que su derecho a la información "no alcanza a documentos futuros o pendientes de realizar, ni a pretensiones de que se realicen informes, o de que se remitan conforme se vayan realizando o produciendo los referidos documentos o informes".
Hasta el pasado 17 de enero, Álvarez había firmado 145 de las 512 peticiones de información que ha tramitado el Parlamento en esta legislatura. Por ello, el vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez, pidió a todos los parlamentarios "una reflexión y hacer un uso racional y adecuado de los servicios públicos, y que el uso de los mismos sirva al interés general". No obstante, añadió que "es voluntad y obligación del Gobierno suministrar la información que necesite el Parlamento".
