pamplona - Los vetos cruzados entre los distintos grupos parlamentarios están poniendo en riesgo la constitución de la comisión del Congreso que tiene acceso a secretos oficiales y que controla las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el uso de los fondos reservados. Según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna. Los elegidos, uno por cada grupo parlamentario del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la Comisión de Gastos Reservados que controla el uso de estas partidas presupuestarias y donde rinde cuentas el CNI, cuya nueva directora, Paz Esteban, prometió ayer al tomar posesión de su cargo revisar su estructura interna y completar un “proyecto de transformación digital”. Pero en un Congreso tan atomizado como el actual y con los grupos políticos tan enfrentados, alcanzar ese mínimo de 210 votos resulta muy complicado.
Para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), Bildu y la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la citada comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210. Tanto Vox como Cs ya adelantan que no piensan aportar ni un voto a los independentistas. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no entren”, avanzó el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. “Los separatistas y Bildu saben perfectamente que no pueden contar con los votos de Ciudadanos”, señaló en su día el portavoz adjunto de los naranjas en el Congreso, Edmundo Bal. El PP aún no ha estudiado a fondo el asunto, pero en la dirección del Grupo Popular ya avanzan que no tienen intención de ayudar a EH Bildu a controlar los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna, la rama política de ETA. Los precedentes no nos muy positivos. En la legislatura del 2011-2015, el PP, que gozaba entonces de mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los tres candidatos que ERC fue poniendo encima de la mesa, en nombre del Grupo Mixto, alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna, hoy en EH Bildu. Pero es que, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Cs llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión de secretos oficiales, por lo que necesitan la ayuda del PSOE.
