Navarra tiene pendientes otras ocho competencias reconocidas en la Lorafna

Los sindicatos

SPF-CSIF pide más compromiso

Malestar. El sindicato SPF – CSIF, uno de los mayoritarios en Policía Foral, expresó ayer su "asombro y decepción ante la política que el actual Gobierno de Navarra está teniendo con la Policía Foral". El sindicato critica así la decisión del Gobierno central de ampliar el número de agentes de la Guardia Civil en Navarra. "A todos los políticos que han pasado por el Gobierno de Navarra se les ha llenado la boca con la policía integral y de referencia pero nunca se ha visto una apuesta clara a nivel de capital humano y de medios por ésta", lamenta el Sindicato de Policía Foral, que pide al Ejecutivo autonómico que "especifique si quiere que el peso de la seguridad pública la asuma Policía Foral o sea la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía". En este contexto, SPF-CSIF insta a todos los grupos políticos "a que sean serios y dejen de instrumentalizar a la Policía Foral y a la Guardia Civil para sus fines e intereses partidistas".

Pamplona – Navarra tiene, además de Tráfico y Seguridad Vial, al menos otra ocho competencias reconocidas en la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero (Lorafna) pendientes de transferir. Se trata del régimen económico de la Seguridad Social, la política penitenciaria, el servicio meteorológico, aeropuertos y helipuertos, ferrocarriles, los centros de investigación científica y técnica, así como la política laboral y las becas, ambas parcialmente reconocidas. Todas ellas forman parte del marco estatutario pactado con el Estado en 1982, y que 38 años después todavía sigue incompleto.

El de Tráfico es el caso más claro debido a su relevancia política, y que hoy centra buena parte de la actualidad. Pero en similar situación se encuentran otras competencias que Navarra debería gestionar en exclusiva pero que a día de hoy mantiene el Ejecutivo central. Es el caso de instituciones penitenciarias, que a igual que la CAV, Navarra tiene reconocida pero que todavía no se ha cumplimentado como si ha ocurrido en Catalunya. La lucha antiterrorista ha hecho de la política penitenciaria parte de la estrategia contra ETA, por lo que el Gobierno central ha preferido mantenerla bajo su control ahora. Sin embargo, el Ejecutivo vasco está en negociación para lograr una trasferencia que Navarra de momento no ha reclamado.

Sí lo ha hecho con la sanidad penitenciaria, parte de la competencia de presiones, y cuya negociación estaba bastante avanzada al finalizar la pasada legislatura. El acuerdo sin embargo todavía no se ha producido, lo que ha derivado en situaciones como la que actualmente vive la cárcel de Pamplona, que carece de asistencia médica para los presos.

La gestión de las políticas en I+D+i, fundamentalmente lo referente a los centros de investigación que actualmente competen al Estado, es otro caso. Se trata sin embargo de una competencia de mucho peso estratégico para Navarra, que tiene en la investigación una de las patas de la estrategia de especialización inteligente S3. Pero cuyos fondos gestiona en exclusiva el Gobierno central, que los reparte después de forma asimétrica entre las 17 comunidades.

Navarra, por ejemplo, solo cuenta con un centro de investigación superior, el Instituto de Agrobiotecnología de Mutilva, mientras que en Madrid, con una población diez veces superior, tiene su sede 41. El otro gran centro de investigación en Navarra es el CENER, que tiene una financiación aleatoria y condicionada casi siempre a enmiendas y negociaciones presupuestarias.

más y mejores recursos De hecho, si Navarra asumiera la gestión directa de las competencias pendientes contaría con unos ingresos adicionales cercanos a los 40 millones, que podría destinar después a la prestación del servicio con criterios propios. Y aunque el saldo económico no siempre sale necesariamente a favor, la experiencia de los últimos años ha demostrado que la gestión directa es más eficiente que cuando los recursos se reparten desde Madrid.

La CAV, por ejemplo, ejerce desde 2009 la competencia en investigación técnica, por lo que descuenta anualmente 86 millones de su aportación al Estado vía Cupo. Fondos que le han permitido crear importantes centros de investigación y mejorar la financiación de su universidad pública. Si Navarra asumiera el traspaso en condiciones similares, contaría con unos 22 millones para el fomento de la I+D+i en base a su realidad económica y social.

Algo similar ocurre con la sanidad penitenciaria. Un traspaso en términos similares a la CAV supondría un ahorro en la aportación al Estado de cerca de 2,5 millones a cambio de asumir la prestación sanitaria de los reclusos, tanto en lo referente a hospitalizaciones como a fármacos. Algunas de estas labores ya las ejerce ahora el propio Gobierno autonómico, por lo que además de mejorar el servicio se reduciría el coste para las arcas de la Hacienda Foral.

A estas cifras habría que sumar aproximadamente los cerca de 12 millones que los navarros abonan anualmente por las multas de tráfico. Sanciones que aplican de forma indistinta agentes de la Guardia Civil y de la Policía Foral, pero cuya recaudación va íntegramente para el Ministerio del Interior. O la política de becas, actualmente compartida con el Ministerio de Educación. No es fácil hacer una relación entre lo que los navarros aportan al Estado y lo que reciben vía becas. Pero a modo de referencia, aproximadamente el 0,5% de las becas del Ministerio son para estudiantes navarros, cuando el índice de aportación supone el 1,6% del total.