Transferencia con riesgo de recurso

16.02.2020 | 01:12
Un agente de la Policía Foral dirige el tráfico.

El Gobierno foral debate la mejor fórmula jurídica para blindar el traspaso de tráfico en los tribunales

d esde que en 1962 el Gobierno franquista estableció la primacía de la Guardia Civil en todo lo relativo a carreteras navarras, la gestión exclusiva de Tráfico y Seguridad Vial por parte de la Policía Foral nunca ha encontrado voluntad política en Madrid. Incluso ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez parece estar dispuesto a iniciar los trámites para que Navarra recupere una competencia histórica, la derecha española, con la complicidad de UPN y el apoyo de asociaciones vinculadas a la Guardia Civil ha optado por la confrontación política, amenazando incluso con la judicialización. Así lo asumen tanto el Gobierno de Navarra como el de Madrid, que han reaccionado con un incremento de 200 agentes como respuesta a quienes barruntan un repliegue de la Guardia Civil en Navarra. Y que analizan ahora qué fórmula jurídica es mejor para formalizar un proceso que puede acabar en el Tribunal Constitucional.

Será en cualquier caso el final de un proceso largo que, más allá de las expresiones de buena voluntad, todavía no ha comenzado. El Estado debe fijar todavía una posición interna en un ámbito que compete a los ministerios de Interior, Política Territorial y Hacienda, y donde hasta ahora no ha habido unidad de criterio. Después llegará el turno de la Junta de Transferencias, donde se deben concretar las funciones a traspasar, los medios personales y materiales necesarios, así como los derechos y obligaciones que asume cada administración. Hay que determinar, por ejemplo, qué ocurre con los agentes de la Guardia Civil con arraigo, o cuánto descuenta Navarra de su aportación al Estado.

Finalmente, el Consejo de Ministros deberá aprobar el traspaso competencial. Un acuerdo que, según lo pactado, deberá concretarse antes de verano, y que de facto supondrá reconocer que es Navarra quien asume la competencia exclusiva de forma progresiva y en base a un cronograma diseñado con el Ejecutivo foral.

real Decreto o ley orgánica Es precisamente este último paso el que más dudas está generando en ambas administraciones. Históricamente, los traspasos competencias reconocidos en los distintos estatutos de autonomía se han llevado a cabo mediante la fórmula del Real Decreto. Una norma jurídica con rango de reglamento que compete al poder ejecutivo (el Gobierno), por lo que no es necesaria su validación por el poder legislativo (Congreso), como sí ocurre con los decretos ley o las leyes orgánicas.

El Real Decreto se limita así a traspasar la prestación del servicio a la comunidad autónoma. Formalmente la competencia ya ha sido asumida previamente con la entrada en vigor del estatuto de autonomía, que tiene rango de ley orgánica. En el caso de Navarra, la Ley Orgánica Amejoramiento del Fuero aprobada en 1982, conocida como la Lorafna.

Hay sin embargo un problema de interpretación en el Amejoramiento. La Lorafna recoge que "en lo relativo al tráfico y circulación Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta". Una expresión algo ambigua que históricamente ha dado pie a diversas interpretaciones. Como en 1982 el servicio era compartido entre la Guardia Civil y la Policía Foral, la lectura más centralista ha concluido siempre que Navarra no tiene reconocida la transferencia.

Un dilema que recientemente ha resuelto el Tribunal Supremo en dos sentencias de 2018, en las que concluye que no debe hacerse una lectura "reduccionista" del Amejoramiento, sino que hay que tener en cuenta "la tradición histórica y la filosofía del régimen foral" en materia de tráfico. Una conclusión a la que llegan ahora también los servicios jurídicos del Parlamento, que consideran que un Real Decreto es suficiente para ejecutar un derecho histórico ya recocido en el ordenamiento jurídico. De hecho, esta fue la fórmula con la que el Estado transfirió a la CAV la misma competencia en 1982, pese a que el Estatuto Gernika no hace mención alguna a tráfico.

Es la vía por la que abogan ahora los servicios jurídicos del Parlamento. Un trámite administrativo mucho más sencillo y rápido que una Ley Orgánica, que requiere todo el trámite legislativo y una mayoría absoluta para su aprobación. Y políticamente más cómodo para el Gobierno central, que evita la exposición mediática que implica un debate de estas características en el Congreso.

Algunos juristas sin embargo alertan del riesgo de recurrir al Real Decreto en lugar de a una Ley Orgánica, la otra vía que la Constitución reconoce para transferir competencias a las comunidades, y con la que el Gobierno de Aznar ya cedió a Catalunya la gestión de Tráfico en 1997. Con el clima político actual es más que probable que la transferencia acabe en los tribunales, y en ese escenario el Real Decreto es mucho más vulnerable que la Ley Orgánica.

De entrada, porque cualquier colectivo puede llevar ante la justicia una norma de rango administrativo, que debería pasar por el Contencioso-Administrativo y, en su caso, por el Tribunal Constitucional. Sería este último quien debería dictaminar, como ya hizo en su día el Supremo, si el Amejoramiento reconoce a Navarra la competencia exclusiva de Tráfico o no. Y, en el contexto político actual, no está claro qué puede resolver un Tribunal Constitucional que en los últimos años ha venido avalando la deriva centralista del Estado. Dudas que quedarían resueltas por la vía de la Ley Orgánica, norma legal con rango de estatuto de autonomía mucho más difícil de recurrir ante el TC, y que de facto aclararía cualquier posible interpretación en la tradición histórica de Navarra.

El debate está abierto en el Gobierno de Navarra, que ya ha nombrado a sus representantes en la Junta de Transferencias, y que de momento ha optado por que sea el Gobierno central quien marque los tiempos y el camino a seguir. En la parte navarra hay confianza en que, esta vez sí, el Gobierno central va en serio. Así que la prioridad es hacerlo con el menor ruido político posible y con garantías jurídicas suficientes.