Sare ve opciones de cambio real con el nuevo Gobierno en la política penitenciaria

Los representantes de Sare Joseba Azkarraga y Bego Atxa, junto al jurista Iñaki Lasagabaster, han presentado este miércoles, en el Colegio de Abogados de Bizkaia, este informe que, según han dicho, es "la respuesta al compromiso" que adquirieron tras la manifestación del 11 de enero en Bilbao de "trasladar fuera del ámbito de Euskal Herria, a otras instancias, esa movilización social tan activa año tras año y también lo que las instituciones vascas han venido aprobando" en favor de "un cambio en profundidad en la política penitenciaria".

Joseba Arkarraga ha explicado que han enviado a todos los grupos parlamentarios del Congreso, así como al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, este informe "exhaustivo", en el que Sare hace "un recorrido sobre la situación en la que los presos vascos se encuentran, tras más de 30 años de régimen de excepcionalidad, no solo en lo que supone el alejamiento sino en otras materias". Tras recibir la respuesta de un par de grupos aceptando mantener reuniones, esperarán al resto de formaciones para coordinar los encuentros.

Azkarraga ha indicado que desde el año 2011, año en el que ETA tomó su decisión de abandonar definitivamente la violencia, "hemos sido testigos como los diferentes gobiernos de España, bien sean sustentados por el PSOE o por el PP, a cada paso que ETA iba dando en esa buena dirección de terminar definitivamente con su actividad, no respondía con un cambio de la política penitenciaria, sino con la exigencia de más cambios". "ETA hace tiempo que tomó la decisión de desaparecer y seguimos esperando un cambio en la política penitenciaria que a penas se ha percibido", ha criticado.

Por ello, ha dicho que "es hora de poner fin a esta situación, de exigencia tras exigencia, sin cambio alguno por parte del Estado". En ese sentido, ha manifestado el rechazado de Sare "a cualquier otra nueva exigencia para que el Gobierno cumpla su propia legislación". "No valen más exigencias para cumplir la ley, porque la ley se tiene que cumplir, sin más exigencias añadidas que no se recogen en la normativa penitenciaria, en ningún reglamento, en ninguna ley", ha advertido.

Según ha subrayado, "el alejamiento o dispersión fue una medida política que se adoptó hace más de 30 años y, por tanto, política tiene de ser la decisión de terminar con esta situación". "No cabe ninguna otra exigencia más", ha insistido.

Azkarraga, que ha dicho que no se puede hablar "de inicio del fin de la política de alejamiento" tras los traslados y cambios de grados realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha señalado que estamos ante un nuevo Gobierno, "conformado por fuerzas políticas progresistas y apoyado desde el exterior, también, por partidos políticos que, de manera continuada, se han venido pronunciando en la misma dirección en la que Sare mantiene sus reivindicaciones", por lo que "estamos ante un apoyo social importante".

"Y también estamos -ha añadido- ante la posibilidad de un cambio real, en profundidad, de la política penitenciaria, si estos partidos que conforman el Gobierno cumplen lo que han venido manifestando al respecto y, por otra parte, los partidos que apoyan este cambio desde el exterior, como PNV y EH Bildu, también se posicionan a favor de un cambio en profundidad de la política penitenciaria". "Ahora es necesario que se incluyan en la agenda los acuerdos y que nadie utilice como herramienta de confrontación de los presos ni de las víctimas", ha dicho.

Por otro lado, ha explicado que en el informe Sare manifiesta su "rechazo rotundo al escenario de vencedores y vencidos, en el que algunos tienen instalado su discurso, porque lleva implícita la continuidad de un esquema de confrontación, que hoy carece de sentido y es lo más alejado que se pueda imaginar a una lógica de reconciliación que necesita la sociedad vasca".

Azkarraga ha indicado que, en el informe, trasladan a los grupos parlamentarios "algunas consideraciones, que deberían tenerse en cuenta con urgencia" porque "estamos hablando de derechos humanos y de estricto cumplimiento de la legalidad".

En ese sentido, solicitan "la excarcelación inmediata de las personas gravemente enfermas y aquellas con edad avanzada (mayores de 70 años)"; el fin del alejamientos de estas personas y su traslado a cárceles de Euskadi y Navarra; y mejorar la situación de las personas presas enfermas y las personas presas con niños y niñas "de forma que se garantice el derecho a recibir la atención médica de confianza y el apoyo familiar tan necesario para afrontar una enfermedad, así como, acabar con el castigo añadido que se les aplica a los hijos de presos".

Así mismo, solicitan "el fin del rechazo sistemático e inmotivado a la progresión de grados; la libertad condicional a aquellos presos con las tres cuartas partes de la condena cumplida; y la adopción de una política penitenciaria "clara, apoyada en las normativas propias de la administración y que eviten interpretaciones analógicas restrictivas".

Por su parte, Iñaki Lasagabaster ha remarcado que las personas presas "tienen derecho a la vida familiar recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, en las llamadas Reglas Mandela y en las resoluciones del Consejo de Europa", pero el Gobierno español "hace caso omiso a esta normativa y de estos derechos, y continua aplicando su política penitenciaria de alejamiento". "Y decimos alejamiento y no dispersión, porque las personas presas pueden estar en diferentes prisiones, pero no alejadas", ha subrayado.

En cuanto a la situación de las personas gravemente enfermas, ha recordado que el Código Penal "les reconoce el derecho a ser puestas en libertad condicional" pero el Gobierno "les mantiene en prisión, porque considera que estar en peligro patente para la vida, es igual que estar enfermo en situación terminal".

En este informe, ha indicado, se señala que las personas presas "tienen derecho a que se les compute el tiempo de prisión cumplidas en cárceles de otros estados miembros de la UE, a los efectos de la acumulación de condenas".

CIFRAS Según recoge el informe, a fecha de enero de 2020, hay 208 presos "dispersados" por 40 cárceles españolas y 37 en 10 cárceles francesas. De ellos, el 80% están alejados a más de 400 kilómetros, "siendo numerosos los que superan los 900 kilómetros". Según Sare, en los últimos 30 años se han producido 347 siniestros de amigos y familiares, y, en total, el resultado de los viajes a las cárceles ha sido de 16 personas fallecidas y más de 1.000 heridas.

Además, en el informe se señala que "unos 100 niños recorren cada 15 o 30 días más de 1.000 kilómetros para poder visitar durante un tiempo muy ajustado a su padre o madre o a ambos", así como que "es habitual que los progenitores de los reclusos sean personas de edad avanzada, con dificultades para un desplazamiento regular".

A estos datos añaden que hay 20 presos con más de 60 años; 13 presos con más de 65 años; dos presos con más de 70 años; 55 presos con más de 20 años de cumplimiento; y 42 presos con más de las tres cuartas partes cumplidas de su condena.