- Tantas veces han llamado las comunidades autónomas a la puerta del Gobierno español, que el presidente Sánchez ha abierto finalmente un resquicio para dejar pasar la luz y ha aceptado que la vuelta a la nueva normalidad en la crisis del coronavirus pueda ser "distinta" en cada territorio en función de la evolución de la pandemia y, sobre todo, del nivel de desahogo de sus hospitales. La ministra portavoz, María Jesús Montero, confirmó ayer tras el Consejo de Ministros un anuncio que, sin embargo, solo responde de manera muy parcial a la demanda generalizada de las comunidades autónomas. Se abrió a que haya comunidades que puedan actuar "con más vigor" en la desescalada, pero este anuncio es muy matizable y no significa que la decisión la vayan a tomar las comunidades por su cuenta.

En el periodo de vigencia del estado de alarma, que como mínimo se prorroga hasta el 9 de mayo, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue ejerciendo el mando único y se reserva la última palabra. En concreto, ayer se facultó formalmente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que sea quien tome las decisiones sobre la posibilidad de restringir o ampliar territorialmente las medidas. Queda la incógnita de qué nivel de colaboración y escucha mantendrá con los gobiernos autonómicos. Es decir, si el mando único se ejercerá por encima del criterio de los territorios o, por el contrario, será simplemente un formalismo e Illa aplicará las recomendaciones que le hagan llegar las autonomías.

Hasta la fecha, el mando único se ha ejercido de manera dura. A última hora del día, cuando los periodistas le preguntaron sobre este asunto, Illa aclaró que se va a "trabajar la transición contando con las comunidades autónomas", pero avisó de que el proceso es "muy complejo" y que va a actuar con "máxima prudencia y cautela". Se resiste a abrir la mano y deja ver que él, el ministro que tiene la llave, no es muy entusiasta con la idea de relajar las medidas. "Escucharemos todos los criterios, pero fijaremos unos marcadores y seremos prudentes", avisó.

El Gobierno español aprobó ayer un decreto con treinta medidas económicas y fiscales, y también la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo, que será debatida hoy en el Congreso de los Diputados. Su intención es mantener el confinamiento y se resiste a aflojar la presión. Ayer se vio una muestra con el enredo de los niños. Primero restringió la salida de los niños menores de 14 años a la calle planteando que solo puedan acompañar a un adulto a las compras, a la farmacia o al banco, y solo a última hora del día terminó rectificando y permitiendo que salgan a dar un paseo por las críticas que recibió en tromba desde la oposición, y desde sus socios de Unidas Podemos. Su idea era hacerlo de manera rígida, tasada, aunque después rectificó. En realidad, este debate ha coleado en los últimos días con constantes globos sonda y cambios de criterio.

Lo que hizo ayer el Gobierno español es dar a entender que su visión sobre la salida del confinamiento es muy restrictiva y controlada, que quiere optar por una extrema prudencia, y deja ver que la situación puede ir para largo, porque recomienda dos meses de teletrabajo. El propio Illa aclaró ayer que, con la salvedad de la noticia sobre los niños, se mantendrá el confinamiento hasta el 9 de mayo y no hay desescalada. No atiende por el momento las peticiones de que se permita salir a los ciudadanos a la calle para hacer deporte, o que se abran de manera paulatina los comercios.

Sin embargo, no se descarta que cambie de opinión ante la mala evolución del desempleo y la caída del PIB, que le puede mover a reconsiderar su actitud y abrir los comercios ya en mayo. Otro posible factor que puede influir en su posición es que el estado de alarma se está alargando y es muy probable que los partidos dejen de dar a Sánchez un cheque en blanco, y que le pongan condiciones para seguir apoyando las prórrogas de su mando único.

Andalucía, donde gobierna la derecha, quiere ser la primera en salir del confinamiento. Catalunya quiere seguir su propio plan, y la CAV ha planteado también sus medidas. En todo este esbozo, el Gobierno español sí ha dejado claro que el turismo y la hostelería van a ser el farolillo rojo y no quiere retomar su actividad hasta finales de año. También habrá que ver la evolución del virus.

Montero planteó ayer que se permita una solución diferenciada en cada territorio, pero el ministro de Sanidad será quien "podrá ampliar o restringir territorialmente las actividades". Montero dijo que así "se permite un proceso de desescalada que puede ser distinto en cada territorio en función de las evidencias científicas y del seguimiento epidemiológico". La ministra concretó que se va a seguir un sistema de marcadores. Entre otros, el Gobierno español está utilizando un índice de incidencia acumulada, que calcula el número de infectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. No obstante, no es el único criterio, y parece que lo verdaderamente decisivo será el nivel de ocupación de los hospitales y las UCI, donde Navarra por ejemplo ha logrado evitar un colapso. "Estamos elaborando un cuadro de marcadores, y habrá territorios donde se pueda dar un paso adelante con más vigor. Habilitamos al ministro de Sanidad para que tenga la posibilidad de dictar instrucciones por territorios o colectivos", continuó Montero.

El documento que aprobó el Consejo de Ministros dice que "se habilita al ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados 1 a 5 del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por razones justificadas de salud pública, con el alcance y ámbito territorial que específicamente se determine". También se contempla una posible relajación por municipios.

"Será el ministro Illa quien podrá ampliar o restringir las actividades territorialmente"

Portavoz del Gobierno español

"Trabajaremos la transición con las comunidades, pero con máxima prudencia"

Ministro de Sanidad