- El Gobierno de Navarra descartó ayer que entre sus planes ronde la posibilidad de introducir alguna modificación para "gravar al entorno empresarial" desde el punto de vista fiscal. Más bien al contrario, la principal preocupación del Ejecutivo es que "las empresas puedan mantener o recuperar la actividad al nivel preCOVID-19".

Fue Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra) quien puso este tema sobre la mesa al preguntar, durante el pleno de control al Gobierno, sobre el establecimiento de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, patrimonios y beneficios empresariales para la financiación de los gastos de la reconstrucción por las consecuencia del COVID-19.

A juicio de la parlamentaria, no solo es "imprescindible" aprobar "un impuesto a la riqueza", sino que además "hay margen" para abordar esta cuestión, ya que es "totalmente injusto que por cada euro que aportan las empresas, los trabajadores estén aportando siete".

De Simón recordó que desde la crisis de 2008 el Impuesto de Sociedades ha pasado de reportar "el 13,4% de la recaudación al 5,6%", mientras que el IRPF "ha aumentado al 73%". Y añadió que "las empresas aportan el 5% de toda la tributación" y curiosamente "las pequeñas tributan más que las grandes".

Los argumentos no convencieron a la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, para quien "en las actuales circunstancias no parece muy justificada una medida que grave al entorno empresarial".

Saiz defiende que ahora son "prioritarias" medidas fiscales para que las empresas y autónomos "puedan sobrevivir y dar más facilidad operativa, más facilidad financiera o medidas que favorezcan la actividad económica".

Además, incidió en que en Navarra tiene que existir una "presión fiscal efectiva equivalente" a la del Estado y en que los cambios fiscales deben estar "muy bien analizados" porque, a veces, "se busca una finalidad y se consigue lo contrario en materia de recaudación".

"Por cada euro que aportan las empresas, los trabajadores aportan siete"

Portavoz de Izquierda-Ezkerra