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Mikel Mundiñano | Portavoz de la iniciativa SosPresoakCovid

"La pandemia ha visibilizado la vulnerabilidad de quienes están en las cárceles"

03.07.2020 | 01:08
Antxon Ramirez de Alda (Altsasu Gurasoak); Libertad Francés (Salhaketa Nafarroa); Mikel Mundiñano (Sare) y Xochtil Karasatorre (Etxerat), portavoces de SosPresoakCovid, ayer en el Rincón de la Aduana.

pamplona – Al comienzo de la pandemia, cuatro colectivos más o menos vinculados con los derechos de los presos –Sare, Etxerat, Altsasu Gurasoak y Salhaketa Nafarroa– se vieron en la obligación de unirse para hacer fuerza a favor de una reclamación urgente y transversal: la de que las instituciones no se olvidaran de que en todo el Estado había miles de presos para los que no servían las medidas sanitarias generales, y para los que la prohibición de las visitas o la cancelación de actividades por la emergencia sanitaria suponía una merma tremenda de sus derechos. Propusieron alternativas, organizaron actos y mantuvieron reuniones al más alto nivel, pero los únicos cambios son los que han venido derivados de la nueva normalidad. La plataforma SosPresoakCovid hará una concentración mañana en Pamplona (12.30 horas, Plaza del Castillo) para reclamar la excarcelación de los presos enfermos y en riesgo –tal y como han recomendado la OMS y el Consejo de Europa– y el acercamiento de todos aquellos que cumplen condena lejos de su tierra de arraigo. Hay 184 navarros dispersados –por todo tipo de delitos–, y uno de los objetivos es que el que quiera, pueda volver. "No es solo un derecho, sino una necesidad sanitaria", subraya Mikel Mundiñano, uno de los portavoces de la iniciativa, que en este caso habla también en nombre de Antxon Ramirez de Alda, Libertad Frances y Xochtil Karasatorre.

Han pasado más de dos meses desde que pusieron en marcha la iniciativa. Denunciaban el aislamiento y la eliminación de derechos de los presos en las cárceles con motivo del coronavirus. ¿Ha cambiado algo?

–Con el avance en las fases de desescalada también se han ido adoptando medidas en las cárceles para revertir ese aislamiento. No obstante, hemos venido denunciando que las medidas en prisión se han adoptado tarde y sin seguir los mismos parámetros sanitarios que para la sociedad en general.

La pandemia ha dado algo de tregua, ¿cómo está la situación en las cárceles?

–La información ha sido escasa y poco detallada. Según datos oficiales, han muerto dos personas presas por coronavirus. Los datos sobre contagios y cuarentenas preventivas no se han ofrecido claramente, sino que han sido datos globales sin desglose por centros penitenciarios. Lo mismo con las pruebas realizadas. Por cierto, que las cuarentenas se han hecho en las celdas, no en las enfermerías o en centros hospitalarios, como hemos reclamado.

¿Ha vuelto la actividad normal? ¿Se han recuperado las visitas, los permisos, las actividades?

–Se han ido restableciendo las visitas, solo por locutorios, para dos personas y para visitas en prisiones sin desplazamientos entre provincias. Para evitar aglomeraciones se han habilitado visitas entre semana, y eso hace que muchas personas no hayan podido asistir. Las salidas y permisos se han retomado, pero con una cuarentena obligatoria a la vuelta de permiso de 14 días. Pero no se han atendido las peticiones de excarcelación que hemos hecho nosotros haciéndonos eco de las recomendaciones de organismos internacionales. En cuanto a la nueva normalidad, todavía no ha llegado a las cárceles. El pasado jueves, 25 de junio, Instituciones Penitenciarias emitió una circular en la que da las instrucciones para la la nueva normalidad en las cárceles, pero no se han implementado, son instrucciones poco claras y dejadas al arbitrio de cada cárcel. Por ello estamos exigiendo que se ponga una fecha límite para alcanzar esa nueva normalidad en las prisiones para que está situación, que vulnera los derechos, no se perpetúe.

¿Qué les han comentado los presos? ¿Han mantenido la interlocución con ellos? ¿Y los familiares?

–Sobre todo, mucha incertidumbre. Se sienten abandonados, incomunicados y desinformados. También están indignados por la vulneración de derechos que esto supone. Se ha vivido con mucha indignación e impotencia la imposibilidad de recuperar las comunicaciones por cristal por no poder desplazarse a otras provincias. Esta situación ha afectado en Navarra a 184 personas que están cumpliendo condena fuera de Pamplona y al menos a 8.000 personas en la totalidad del Estado español.

El Foro Social Permanente pidió hace escasos días al presidente Sánchez un "gesto claro" hacia el fin de la dispersión, ¿creen que llegará?

–Es algo urgente. La dispersión no solo afecta a los presos de motivación política, como apuntaba el informe del Foro Social Permanente, sino que es una política aplicada por Instituciones Penitenciarias a la totalidad de las personas presas. Eso es algo que vamos a denunciar mañana, por ejemplo. De hecho, esta dinámica trata de visibilizar y reflejar la vulneración de derechos de todas las personas presas de Navarra concretamente, pero también de las que se encuentran en las demás cárceles del Estado y abogamos por una política penitenciaria donde no prime el castigo, sino que el cumplimiento de las condenas este orientada a la reinserción de las personas presas.

El ministerio del Interior precisó hace unos días que desde que Marlaska está al frente se han producido 41 acercamientos. ¿Son suficientes?

–En absoluto. Es que el alejamiento es una herramienta de castigo que se aplica a un número muy elevado de presos, independientemente del delito que hayan cometido. Lo que demandamos es que se revierta esta política penitenciaria de alejamiento y que las al menos 8.000 personas presas que están cumpliendo condena fuera de su lugar de arraigo en todo el Estado, y que así lo deseen, sean trasladadas a su lugar de arraigo. Es un derecho reflejado en la ley penitenciaria, pero es que además, en el contexto de una pandemia, se ha visto que también hay razones sanitarias, como ha reflejado un reciente informe del Gobierno Vasco al respecto.

Durante esta pandemia, han mantenido encuentros con el consejero de Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos. ¿Qué les trasladó, consiguieron sacar algo en claro de la cita?

–Hemos estado tanto con el consejero Eduardo Santos como con Ana Ollo, consejera de Relaciones Ciudadanas. Tenemos pendientes nuevos encuentros con Santos para evaluar de nuevo la situación y trasladarle que nos gustaría que el Gobierno de Navarra se posicionara a favor de que las personas presas que estén fuera de su comunidad autónoma y así lo deseen sean trasladadas a su lugar de origen.

¿Cuáles siguen siendo las reclamaciones de la iniciativa?

–Pedimos que se apliquen las recomendaciones de los organismos internacionales encaminadas a la excarcelación de personas presas. Estas medidas siguen siendo imprescindibles de cara a salvaguardar la dignidad personal y el bienestar colectivo y por lo tanto se debe proceder a excarcelar, entre otras, a las personas que son más vulnerables, como son quienes superan los 65 años de edad, enfermos crónicos, quienes padecen enfermedades crónicas, embarazadas y personas con hijos en las cárceles. Esta pandemia ha visibilizado la vulnerabilidad añadida de la población reclusa.

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