El Parlamento de Navarra aprobó este jueves la enmienda de Geroa Bai y Navarra Suma para bajar el número de horas al profesorado mayor de 57 años tanto en la red pública como en la concertada, una medida que tiene un coste hasta 2023 de 12.185.780 euros y a la que se había opuesto el Gobierno. La iniciativa, que durante semanas ha provocado tensiones y malestar entre los socios, salió adelante con la mayoría absoluta que suponen Geroa Bai y Navarra Suma y al final también con el apoyo de EH Bildu, frente al no del PSN, que intentó parar la iniciativa hasta ayer mismo; Podemos, que se mantuvo fiel al partido que lidera el Ejecutivo; e I-E, que vio en el movimiento de "las derechas" un intento de agradar a la patronal de la enseñanza privada.Se consumó así una jugada rocambolesca, en medio de un pleno -el único de agosto- que proporcionó los choques más agrios entre socios que se han visto en lo que va de legislatura, y que merece la pena situar en el mapa, al menos de manera esquemática: el principal socio del Gobierno -Geroa Bai- pacta con el primer grupo de la oposición -Navarra Suma- contra el criterio del grupo mayoritario del Ejecutivo -PSN- y la valoración negativa del propio Gobierno que comparten socialistas y Geroa Bai -merced a una resolución del vicepresidente Remírez-. Y todo acaba con el PSN absteniéndose de la votación definitiva del proyecto que apadrina la cúpula de su partido, que es la del Gobierno. Es un caos que tiene sus razones y que se intenta explicar en la pieza adjunta.

la enmienda y su coste

Pero lo fundamental, lo que se incorpora al proyecto de ley de medidas extraordinarias por covid para la fase 3 -que así es su denominación-, es algo muy concreto: básicamente, una reducción de horas para el profesorado mayor de 57 años tanto en la pública como en la concertada, además de una petición expresa para que se cumplan una serie de derechos laborales -el reconocimiento de las horas de los equipos directivos- que Geroa Bai y Navarra Suma entienden que no están asegurados con el actual departamento de Educación, dirigido por el socialista Carlos Gimeno.

Por resumir, la enmienda dice, para la red pública, que se respetará el pacto para la mejora de la enseñanza pública vigente hasta 2022, y que a partir del curso 2020/2021 se reducirá la jornada lectiva del profesorado mayor de 57 años; que las horas serán compensadas con horas de asignación al centro; que se hará extensivo al personal de orientación; y que estas personas están exentas de cuidar recreos. También, a partir del mismo curso, se dotará de un horario adicional al existente para la función directiva. En la red concertada, la enmienda explicita que las condiciones laborales básicas seguirán siendo, como mínimo, las establecidas en el acuerdo en el sector de la enseñanza concertada afectada por el VI convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos y el colectivo de ikastolas de Navarra firmado en 2017. También para la concertada se reconocen bajadas de horas a partir de los 57 años.

Todo esto tiene un coste. El Gobierno, en un informe desfavorable registrado este jueves en el Parlamento como último intento para paralizar la enmienda sobre la bocina, hace un desglose por años: 1.061.012 euros en 2020; 3.274.340 en 2021; 3.692.248 en 2022; y 4.158.180 en 2023. En total, 12.185.780 euros, que serán más conforme pasen los años. La baza presupuestaria ha sido una de las esgrimidas por el Ejecutivo, al que solo le queda un recurso escudándose en que desde el Parlamento no se pueden marcar condiciones laborales privadas -en el caso de la concertada-.