Goteo de presos a cárceles próximas a Navarra y CAV

Desde que Sánchez llegó a la Moncloa se ha trasladado a 86 reclusos

01.11.2020 | 00:57
En la imagen, una de las masivas movilizaciones para pedir el acercamiento de los presos. Foto: Juan Lazkano

pamplona – Algo se mueve en la política penitenciaria del Gobierno español. Desde que Pedro Sánchez desalojó a Rajoy y llegó a la Moncloa, 86 presos de ETA han sido trasladados. Bien es verdad que de ellos, solo 18 ha sido acercados a prisiones de Navarra y la CAV, mientras que el resto han tenido como destino centros próximos. Así, a expensas de nuevos traslados, los presos terminarán su condena en Madrid, Soria, Logroño, Santander o Burgos.

Según datos de Etxerat y del Ministerio del Interior, desde junio de 2018 hasta ahora se han producido 86 traslados de presos. De ellos, 18 han sido o van a ser trasladados a prisiones ubicadas en Navarra y la CAV, y los 68 restantes a prisiones más cercanas de las que se encontraban anteriormente.

Los primeros acercamientos se produjeron en septiembre de 2018, a los tres meses de que Pedro Sánchez llegara a Moncloa. El Gobierno trasladó a los presos Olga Sanz y Javier Moreno desde la cárcel asturiana de Villabona a la de Basauri. La pareja, que no tenía delitos de sangre, reconoció el daño causado y admitió la legalidad vigente.

Entre los últimos movimientos destaca el anuncio del acercamiento de José Mari Arregi Erostarbe, Fiti. A sus 74 años, es el preso de la banda con más edad y será trasladado desde la cárcel de Asturias hasta la de Martutene. El acercamiento de Fiti es muy importante, ya que desde diversas asociaciones de víctimas, en especial la AVT, consideran que Pedro Sánchez ha roto su palabra de no acercar a Euskadi a presos condenados por delitos de sangre.

Arregi Erostarbe conformó junto a Pakito Mujika Garmendia y José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, el colectivo Artapalo, la dirección de ETA desarticulada en Bidart en marzo de 1992. Ingresó en cárceles españolas en noviembre de 2000 y cumple una condena de 30 años por terrorismo, asesinato, amenazas y lesiones. Según Instituciones Penitenciarias, acepta la legalidad , reconoce el dolor causado, ha manifestado por escrito su rechazo al uso de la violencia y se ha comprometido a hacer frente al pago de la responsabilidad civil.

Una semana antes, Interior también había trasladado a otros dos presos con una especial significación, aunque no a cárceles vascas. Antton Troitiño fue trasladado de la prisión de Estremera (Madrid) a la de Soria y Andoni Otegi de la de Almería a Logroño. Troitiño cumple una condena de cinco años, 11 meses y 29 días por pertenencia a organización terrorista tras, según los jueces, haberse reintegrado en ETA tras cumplir más de dos décadas de prisión. Por su parte, Otegi fue condenado a 843 años al ser uno de los autores del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante), donde murió una niña de seis años.

De los anuncios de traslado de la última semana destaca que la pareja Itziar Alberdi y Jesus Narvaez, extraditados desde México en 2014 tras 22 años de exilio, será trasladada a Logroño. Además, Joseba Borde Gaztelumendi, un histórico del comando Bizkaia, acusado entre otros delitos, del atentado contra un convoy de la Guardia Civil en Lemoa en 1981 en el que murieron dos agentes, será trasladado de A Coruña a Soria.

Para la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) este goteo de traslados "deja más que patente que la empatía del Gobierno se inclina más hacia los asesinos que hacia sus víctimas, haciendo gala de una humanidad con los asesinos que ellos nunca han mostrado". Además, insiste en que "no vale con firmar un papel diciendo que se condena la violencia y se lamenta el dolor causado", sino que eso debe demostrarse en sede judicial colaborando con la Justicia, "el verdadero síntoma de arrepentimiento para poder valorar el pronóstico favorable de reinserción".

Arraigo social Durante los siete años que duró el gobierno de Mariano Rajoy se produjeron seis acercamientos y cinco progresiones de grado. Durante la tregua de ETA del año 1998 a 1999, con el gobierno popular de José María Aznar, se acercaron a la CAV a 133 presos, según cifras de Interior.

Según Interior, son las juntas de tratamiento penitenciarias las que proponen las progresiones de grado y acercamientos. El poder judicial es el encargado de clasificar los grados de los internos y sus progresiones, siempre "de forma individual", y así queda recogido en la Ley General Penitenciaria. Lo mismo ocurre para los acercamientos, independientemente de si el preso está en Segundo o Tercer Grado. Aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de los presos de ETA todavía están clasificados en Primer Grado, la condena más restrictiva.

Aunque no es necesario que un preso pase a Tercer Grado para que se dictamine su traslado, una de las bases del sistema penitenciario es que el cumplimiento de la condena sea "allí donde el preso tenga arraigo social", y que el condenado cumpla su pena en la institución más próxima a su lugar de origen "para evitar así el desarraigo familiar y social".

reiteradas demandas Lo cierto es que el acercamiento de presos a cárceles vascas o próximas es un demanda reiteradamente solicitada. El sábado de la pasada semana Donostia fue escenario de un acto de Sare para pedir el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas. A la llamada de la red ciudadana acudieron representantes de PNV, EH Bildu, y Elkarrekin-Podemos. El portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, pidió a los gobiernos español y francés que den "pasos". "No estamos pidiendo ningún tipo de privilegio, sino que pongan fin al régimen de excepcionalidad que se aplica a los presos vascos y que se les aplique la ley ordinaria", afirmó.

Veinticuatro horas antes, una decena de sindicatos advertían en Bilbao de que la situación de los presos precisa de "una solución urgente" y, por ello, instaban a "terminar con la política penitenciaria de excepción". En el acto tomaron parte delegados de los sindicatos LAB, ELA, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, CNT, EHNE, HIRU y Etxalde.

Y es que el cambio en la política penitenciaria se ha convertido en una demanda a la que cada vez se apuntan más formaciones. El Parlamento Vasco se ha posicionado varias veces en este sentido. Así, por poner un ejemplo, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Vitoria, con los votos de PNV, Podemos y PSE, aprobó en junio de 2018 una propuesta por EH Bildu en la que manifestaba "su desacuerdo con la política penitenciaria de alejamiento de las personas presas y las medidas excepcionales de aislamiento" y añadía que "entiende necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar".

Más próximo en el tiempo, el pasado mes de mayo PNV, EH Bildu, Unidas Podemos, ERC, Junts, Más País, CUP, BNG y Compromís, firmaban un manifiesto en el Congreso en el que pedían, entre otras cuestiones, "la excarcelación de personas presas que hayan cumplido las 3/4 partes de la condena, que no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable de reinserción social". Además, consideraban necesario proceder a un "acercamiento geográfico generalizado" a prisiones cercanas a sus domicilios de todos los presos y presas que así lo soliciten. El traslado debería de iniciarse con "los reclusos más alejados de sus domicilios y con los padres y madres de hijos menores".

Además, son varias las veces que el Gobierno vasco ha pedido el acercamiento de los presos. Así, el pasado mes de mayo el entonces portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, aseguró que el Gobierno vasco había pedido al Ejecutivo español que acerque a los presos vascos o que tengan arraigo familiar en Euskadi a cárceles de la Comunidad Autónoma, tanto a los condenados por terrorismo como al resto, con el fin de evitar a sus familiares y allegados los desplazamientos para visitarles en la actual situación de crisis sanitaria por el coronavirus. Y fue el propio Erkoreka –ya como vicelehendakari primero– quien el pasado mes de septiembre y tras la muerte en Martutene del preso Igor González Sola, aseguró que era "el momento" para abordar un cambio en la política penitenciaria y reclamó que se "intensifiquen" los traslados de presos.