- El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, responsabilizó ayer al PSOE del “bloqueo” en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y redobló la reclamación de los populares de dejar fuera de esta negociación al “caballo de Troya” que, a su juicio, es Unidas Podemos.
Tras un encuentro con afiliados y simpatizantes del Baix Llobregat en Cornellà, Fernández ha declarado a los medios que, “por desgracia”, en Cataluña “estamos sufriendo la coincidencia de los dos peores gobiernos en el peor momento posible” por la situación de “crisis económica y sanitaria”, la de un gobierno independentista en Cataluña y la de un Ejecutivo de izquierdas en toda España.
En este contexto, el dirigente popular ha recordado la necesidad de dotar de “estabilidad” al Estado, en concreto al Poder Judicial con la renovación de los órganos judiciales, cuya “única responsabilidad” es del PSOE, según Fernández.
El líder del PP Catalán ha recordado que este asunto “históricamente” siempre se ha negociado en exclusiva entre las dos grandes fuerzas políticas y, sin embargo, ahora los socialistas quieren sumar a sus socios en el Gobierno, un “caballo de Troya” que lo que busca es, según Fernández, “destruir la democracia”.
El Pleno del Congreso debatirá mañana la toma en consideración de la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial mientras funcione con su mandato caducado.
Un trámite que los grupos que dan apoyo al Gobierno confían en superar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, según anunció la portavoz socialista, Adriana Lastra.
Y tras este primer debate, la idea de los partidos que forman el Gobierno es habilitar el mes de enero para completar su tramitación con idea de que se apruebe lo antes posible.
El PSOE y Unidas Podemos registraron esta proposición de ley el 1 de diciembre y la Mesa de la Cámara la calificó apenas tres días después, dejándola lista para su publicación en el Boletín del Congreso y remitiéndola al Gobierno, con un plazo de 30 días para informar sobre la misma.
Pero el Gobierno no agotó ese plazo y, aprovechando que la reforma no tiene impacto presupuestario y por tanto no era susceptible de ser vetada, dio su conformidad para que pudiera debatirse en el Pleno, ventilándose en una semana todos los trámites preliminares para facilitar esa primera discusión de la reforma. Así, en una semana se ventilaron todos los trámites preliminares para facilitar este debate.
Y el procedimiento se acelerará aún más ya que en el PSOE adelantan su intención de pedir que se habilite el mes de enero, que a efectos parlamentarios está fuera del periodo ordinario, para celebrar cuantas sesiones sean necesarias para aprobar la reforma cuanto antes.
Esta reforma legislativa, que al ser registrada como proposición de ley y no como proyecto del Gobierno no requiere informe del CGPJ ni del Consejo de Estado, busca complementar la que PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso en octubre para rebajar las mayorías necesarias para renovar los vocales del turno judicial del CGPJ.
En realidad, la limitación de las competencias de un CGPJ en funciones ya se incluía en la iniciativa que presentaron en octubre, pero ahora han querido precisarla en una nueva proposición de ley exclusiva sobre este asunto, en la que no se incluye mención alguna al cambio de mayorías para la renovación.
En todo caso, el PSOE y Unidas Podemos dejan en la recámara la iniciativa que rebaja las mayorías para elegir vocales del turno judicial. Si el PP sigue sin avenirse a un acuerdo, podrán reactivarla y llevarla a Pleno cuando dispongan de cupo para ello ya en el nuevo periodo de sesiones, que arrancará en febrero.
