Javier Enériz: "Hay la sociedad un cabreo general que no se debe ignorar"

¿Cómo ha afectado la pandemia desde el punto de vista del Defensor del Pueblo?

-Es una situación totalmente nueva que ha tenido un impacto muy fuerte. La ciudadanía ha visto limitados los servicios, las libertadas y el acceso a las instituciones. Al principio además con muchas medidas policiales y un confinamiento en casa durante una larga temporada. Después las medidas cada vez han sido menos restrictivas y han tenido un menor impacto en la sociedad, aunque siguen siendo muy importantes.

¿La situación es mejor ahora?

-La sensación es que hemos ido aprendiendo, y que cada ola se está gestionando mejor. Pero no podemos obviar que la ciudadanía está sufriendo mucho, y que hay un nivel de cabreo importante. La gente está harta de la situación. Lo nota en sus relaciones, en sus expectativas y en sus derechos.

¿Están respondiendo las administraciones ante ese malestar?

-Creo que la mayoría sí, o al menos están intentando atender la situaciones que se va creando. Pero no siempre se consigue.

¿Los ciudadanos somos muy quejicas?

-Yo creo que no. La gente manifiesta sus problemas donde puede. Cuando encuentra la seguridad social o el centro de salud cerrado y le dicen que llame por teléfono, pero el teléfono comunica; cuando no se le soluciona el problema con el ERTE; o cuando se retrasan algunas pruebas médicas importantes, la gente se siente desatendida y cabreada. Es normal que una parte de la sociedad esté preocupada.

¿Le preocupa alguna queja en particular?

-Lo que más nos ha preocupado, sobre todo al principio, ha sido la situación de las residencias. Eran el punto débil de la pandemia. Ha habido muchas quejas en ese sentido. Hay otras que muestran también un agravamiento mental de las personas, porque la situación ha sido muy dura.

En el último año se han producido numerosas sanciones por incumplir las medidas sanitarias. ¿Está justificada la actuación punitiva de la Administración?

-El problema con las sanciones, que pueden haber sido excesivas o exageradas, es que se ha cambiado el paradigma. Se ha sancionado por desobediencia lo que es un incumplimiento. Con ese paradigma todo es desobediencia a la autoridad, y al final eso nos lleva al autoritarismo.

En el debate entre la salud y la economía, parece que la pagana es la libertad.

-En situaciones como ésta la libertad sufre mucho, sí. Para preservar el bien común se corta por lo sano y a correr. Es normal, porque la prioridad es evitar que los hospitales se llenen y que la gente muera. Así que se establecen medidas generales, y el resultado es que la libertad se sacrifica.

¿Las medidas son excesivas?

-Para decidir si son excesivas o no está el control judicial, aunque como hemos visto, la interpretación está siendo distinta en cada comunidad. Lo que se debe garantizar es que estas medidas, excepcionales para una situación excepcional, finalicen cuando se recupere la normalidad.

¿Estamos caminando hacia una sociedad más controlada?

-En el límite que separa la libertad de la autoridad, en momentos determinados estamos más cerca de la autoridad que de la libertad. Un autoritarismo light, tampoco quiero exagerar. Por eso hay que garantizar que las medidas extraordinarias van a ser suprimidas.

¿Cuándo?

-Cuando sea posible. No creo que haya problema porque se mantengan algunas medidas sanitarias, si son razonables y proporcionadas. Pero las más restrictivas habría que levantarlas en cuanto fuera posible.

¿Percibe un malestar social latente en la sociedad navarra?

-Sí. No diría que en toda la sociedad, pero sí en algunos sectores y focos concretos. La gente está cabreada con sus gobernantes, son la situación, con falta de libertad y de movimientos. Hay un cabreo general, indeterminado, que no se debe ignorar. Por eso es importante que todas las medidas que se apliquen sean razonables y racionales.

¿Dónde ve mayor malestar?

-El sector más evidente es el de la juventud, que no percibe más que prohibiciones y sanciones. No comparte las decisiones de un poder que ve lejano y autoritario. La hostelería es otro ejemplo claro. Un sector muy castigado que ve como las medidas y los aforos que se les exigen no se aplican en otros sectores, y se sienten tratados injustamente.

¿Hay riesgo de un estallido social?

-Tanto como eso, no creo. Al menos no en Navarra. Otra cosa es que en momentos puntuales, en un botellón, o en una protesta, surjan incidentes. La piel esta muy fina y quemada, y cualquier chispa puede encender una llama. Lo hemos visto en algunas grandes ciudades. No justifico nada, solo intento explicarlo.

¿Es comparable el malestar social la situación a la de la crisis económica anterior?

-Hay un detalle importante que hay que diferenciar. La crisis económica tenía unos responsables que los ciudadanos identificaron en personas y entidades concretas. Los bancos, Europa, los gobiernos... pero la pandemia no es algo achacable a un presidente del Gobierno. Otra cosa es que la crisis sanitaria derive en un hundimiento de la economía, y ahí el escenario ya sería otro, porque llueve sobre mojado. Pero no creo que estemos en ese punto.

¿Se puede obligar a los ciudadanos a vacunarse?

-Es un debate muy interesante que nos sitúa nuevamente en el límite entre la libertad y la autoridad. En cualquier caso, desde el punto de vista jurídico, no creo que la vacuna obligatoria fuera declarada inconstitucional, porque ya ha sido validada en ocasiones anteriores.

¿Qué debería tener en cuenta la Administración Pública en esta situación?

-Creo que debería tener dos prioridades. La primera, acelerar la vacuna todo lo posible, porque es lo que nos va a garantizar la recuperación económica y social. Y la segunda, tan importante como la anterior, debe estar cerca de los ciudadanos y de sus problemas. Hace falta menos burocracia y menos interpretación restrictiva de la normativa. Hay que entender a los ciudadanos, porque lo están pasando mal. La Administración debe ayudarles, y debe que hacerlo de forma más rápida y directa.