- Los ciudadanos presentaron el pasado año 1.416 quejas ante el Defensor del Pueblo, 278 más que en 2019 (1.138). Un incremento del 24,4%, relacionado casi en exclusiva con las decisiones administrativas para hacer frente la propagación del coronavirus. En total, la institución recibió el pasado año 294 quejas relacionadas con la pandemia. "Hay un cabreo general, indeterminado, que no se debe ignorar", alerta el propio Defensor del Pueblo, Javier Enériz.

Los motivos de las quejas han sido diversos, pero destacan fundamentalmente dos. Por un lado, las dificultades de acceso a los servicios que ofrece la administración al limitarse la presencialidad y priorizar las vías telemáticas. Un problema que se ha detectado a la hora de realizar los trámites con Hacienda, con la Seguridad Social o con la atención primaria, fundamentalmente durante los primeros meses de confinamiento, aunque no solo.

El segundo gran motivo de queja está relacionado con las restricciones de movilidad. Ha habido 15 quejas por las consecuencias que las limitaciones de los derechos de circulación y reunión de personas han tenido en los ciudadanos; 20 por las sanciones tramitadas por incumplir la nueva normativa; 13 por el uso obligatorio de mascarillas; y nueve por la afección que estas medidas han tenido en los menores de edad, tanto en lo referido a la prohibición de salir de casa como al cierre de parques infantiles. Hay además seis quejas por el maltrato dispensado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Muchas de estas quejas están relacionadas con las sanciones por el incumplimiento de la normativa sanitaria, que en muchos casos se han tramitado como "desobediencia a la autoridad y a sus agentes", agravando la sanción. Algo excesivo a juicio del Defensor del Pueblo. "Incumplir una norma no puede interpretarse como desobediencia a la autoridad", señala Enériz, que advierte del riego de caer en una deriva autoritaria con las restricciones.

Por ámbitos administrativos, la educación ha sido el sector con mayor número de quejas, 35 en total. Las cuestiones son variadas, aunque muchas coinciden en las medidas sanitarias fijadas en los centros escolares. En algunos casos por insuficientes, y en otros por excesivas. También ha habido malestar en la gestión de las escuelas infantiles de Pamplona (20 quejas), con las medidas de seguridad del transporte urbano comarcal (9), así como con el cierre y limitación de oficinas (8) o restricciones de actividades de ocio y deportivas (12). Un conjunto de quejas que dibujan buena parte del malestar creado por la pandemia, y que el Defensor del Pueblo invita a las administraciones a tener en cuenta.