Sánchez medita presentar su propia reforma de la Ley de Secretos

El presidente español se limitó este martes a mostrar su convencimiento de que el paso dado en esta materia desde su Gabinete será bueno para "la calidad de nuestra democracia, en todo lo que representa la transparencia", sin ahondar en las razones del rechazo a la proposición nacionalista, que planteaba levantar el secreto de los documentos clasificados en un plazo de 25 años y de diez en caso de materias reservadas. Las últimas revelaciones en torno al caso de Mikel Zabalza llevaron el pasado mes al PNV a poner sobre la mesa una moción que buscaba desclasificar toda la documentación relacionada con este asunto, que se remonta a 1985, solicitando a la Fiscalía General del Estado la reapertura de las diligencias para esclarecer su muerte. Una petición que Unidas Podemos, el otro socio del Ejecutivo, sí respaldó, pero no así los socialistas. Paradójicamente, Sánchez se ha congratulado de que la normativa que persigue sacar adelante está muy vinculada con la Ley de Memoria Democrática, y que se trata de una de las demandas de muchos historiadores.

Justo antes de que saliera a la luz, desde el Gobierno de coalición se puso en conocimiento de los jeltzales el propósito de abordar la modificación de la Ley de Secretos Oficiales, aunque sin bajar a los detalles. Para elaborar el texto se ha formado una comisión dirigida por el Ministerio de Presidencia (vicepresidencia primera) e integrada por Defensa, Interior y Exteriores, manteniendo reuniones para poner en común las necesidades de cada departamento en materia de clasificación de documentos y de cara a hacer un estudio comparado de la legislación internacional. Esta comisión tiene el encargo de redactar un documento que homologue al Estado español con otras democracias occidentales y cumpla los parámetros fijados por las organizaciones internacionales de las que forma parte, como la UE y la OTAN.

Sin embargo, no hay fecha para la conclusión de sus trabajos pese a que el compromiso es que la nueva ley esté en vigor antes de que acabe la legislatura, en noviembre de 2023, algo que el PNV pone en entredicho. De hecho, para hacerlo posible, el Gobierno de Sánchez debería remitir el texto a las Cortes a lo largo del próximo año, siempre que no se disuelvan anticipadamente y se frustre su aprobación, como ya ha ocurrido en el pasado. Y visto el contexto político, no sería un horizonte nada descabellado. A juicio del partido que en Madrid encabeza su portavoz Aitor Esteban, si el Ejecutivo español pretende elaborar un proyecto de ley "desde cero", con la redacción y todas las consultas preceptivas que tiene que recoger antes de aprobarlo en Consejo de Ministros, más la tramitación ordinaria del Congreso, "todo esto llevará a que el tema se dilate mucho en el tiempo". Por ello, el PNV ha invitado a Moncloa a que procedan a la reforma "aprovechando nuestra iniciativa, ya en trámite en el Congreso". "Se puede trabajar sobre nuestro texto, y a partir de ahí intentar llegar a un acuerdo con el máximo consenso posible". Y es que, de no ser así, "es muy poco probable que llegue a culminarse la tramitación de la ley esta legislatura", reiteran desde la fuerza nacionalista.

Desde que se admitiera a trámite, en enero de 2020, la proposición de ley del Grupo Vasco ha dormido el sueño de los justos en la Mesa del Congreso, que ha prorrogado el plazo de presentación de enmiendas 24 veces. Un procedimiento por el que se permite suspender indefinidamente la tramitación de una norma y que ya utilizó el PP en la última legislatura de Mariano Rajoy. Entonces, la propuesta del PNV, semejante a la actual, se admitió en noviembre de 2016 y su tramitación se fue alargando hasta que en marzo de 2019 decayó sin ser aprobada por la disolución de las Cortes. "En ningún caso nuestra intención es evitar que se tramite la propuesta del PNV. Simplemente el Gobierno tiene el derecho y el deber de hacer la suya", subrayan desde Moncloa.

El Gobierno de Sánchez no acepta el planteamiento jeltzale porque prevé la desclasificación automática de las materias secretas a los 25 años y de las reservadas a los diez, con la posibilidad de una prórroga "excepcional y motivada", solo para las materias secretas, por otro plazo de diez años. Por contra, creen que habrá que arbitrar un plazo de desclasificación automática, como tienen la mayoría de los países democráticos, en función del grado de protección de los documentos y no igual para todos, además de incluir salvaguardas para casos concretos.

La norma vigente data de 1968, todavía en pleno franquismo, con retoques de octubre de 1978, antes de aprobarse la Constitución. En la actualidad se halla técnicamente obsoleta: uno de los órganos habilitados para clasificar documentos, la Junta de Jefes de Estado Mayor, ni siquiera existe y solo prevé dos categorías de clasificación (secreto y reservado), sin contemplar las más habituales (confidencial y difusión limitada), ni la de máxima protección (muy secreto). El decreto que desarrolla la ley, de 1969, está firmado por el almirante Carrero Blanco y regula cuestiones tan anacrónicas como el cambio de combinación de las cerraduras de las cajas fuertes o la destrucción de las materias secretas "por medio del fuego o procedimientos químicos".

Su mayor anacronismo reside en que no contempla un plazo de caducidad: salvo que el órgano que los clasificó los desclasifique expresamente, los documentos son eternamente secretos. Ya en mayo de 2017 historiadores trasladaron una carta a todos los grupos parlamentarios en la que reclamaban la reforma de "una norma obsoleta y franquista, incompatible con los usos democráticos de la España actual". La sospecha es que PSOE y PP intentan tapar sucesos de la Transición que serían susceptibles de ser desclasificados, como el golpe de Estado del 23-F o la guerra sucia contra ETA.

"Partir de cero significa que el tema se dilatará en el tiempo y no aprobarlo en la presente legislatura"

"El Gobierno tiene el derecho y el deber de hacer su propuesta, no es que se quiera evitar la del PNV"